El fisco y los intermediarios

Nuestro país ha tenido históricamente un rol activo en el control de los intermediarios. Un buen ejemplo son las denuncias de Lisandro de la Torre en el Senado Nacional, sobre maniobras que involucraban triangulaciones en la industria frigorífica. Es posible que esa disputa en torno al caso “La Anglo” en 1932 haya sido pionera a nivel mundial.

En años recientes el foco de atención en esta materia estuvo en la aplicación del sexto método de precios de transferencia para la exportación de commodities. Este método especial es un invento argentino y también fue pionero en el mundo. Sin embargo, los desacuerdos entre la AFIP y los contribuyentes en torno a esta regulación fueron mayúsculos. En otras latitudes sucedió algo similar, razón por la cual el sexto método fue perdiendo consenso como un instrumento razonable para el control de los precios de transferencia.

La reforma tributaria de 2017 trajo cambios en materia de precios de transferencia. Uno de ellos se refiere a la eliminación del sexto método y su reemplazo por reglas más modernas. En efecto, en lo que respecta a los intermediarios internacionales que intervengan en operaciones de importación y exportación de bienes, la nueva ley establece que el contribuyente deberá evaluar si la remuneración que percibe dicho intermediario guarda relación con sus riesgos, las funciones y los activos. Además, en el caso específico de exportaciones de commodities los contratos se deberán registrar ante la AFIP.

Hasta el momento no se publicó un decreto que implemente estos cambios. Una instrumentación razonable debería estar en línea con la realidad comercial del negocio, algo coherente con los intentos de Argentina por ingresar a la OCDE. En efecto, tanto la eliminación del polémico sexto método como el interés por analizar la razonabilidad de la ganancia obtenida por los distintos eslabones de la cadena de valor en las operaciones internacionales están en sintonía con el programa de la OCDE para desalentar BEPS (Base Erosion Profit Shifting).

Además de las modificaciones en precios de transferencia, la ley 27.401 de responsabilidad penal empresaria instituyó incentivos para que las personas jurídicas implementen un “programa de integridad” para prevenir la corrupción. Merece destacarse que según lo dispuesto en artículo 23 de dicha ley, los intermediarios quedan explícitamente comprendidos como una de las partes respecto de las cuales deben llevarse a cabo procedimientos que comprueben su integridad y trayectoria como socios de negocios.

Creemos que el nuevo paradigma de mayor transparencia en las operaciones internacionales ha llegado para quedarse. El desafío para el sector público hoy parece estar en reglamentar de manera razonable la nueva legislación, sin caer en los excesos del viejo sexto método. Para el sector privado, el desafío será adaptarse lo antes posible al nuevo estándar: quienes antes lo logren obtendrán una ventaja comparativa respecto a sus competidores.

Cronista


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