Empresas caleras denunciaron a camioneros por bloquear la salidas de las cales

Cada día que pasa se agrava más el conflicto que mantiene el gremio que nuclea a los camioneros con las caleras de la provincia, por el reclamo del pago de una supuesta deuda de aportes sindicales y a la obra social que las empresas consideran ajena. Ayer la disputa llegó a los estrados judiciales porque 5 empresas -Caleras San Juan, Albors, Cefas, Sibelco y FGH- presentaron una denuncia penal que si bien no tiene los nombres de los acusados apunta contra el gremio que conduce Hugo Moyano. La imputación es por los delitos de extorsión y de coacción agravada por el bloqueo que el sindicato mantiene desde el lunes a la salida de las cales desde Albardón y Sarmiento, donde están ubicadas las plantas de las compañías.

La denuncia, patrocinada por los abogados Martín García Santillán, Diego María Olmedo y Hernán Guaita, quedó radicada en el Juzgado de Instrucción Nro 4, de Capital Federal, a cargo del juez subrogante Santiago Quian Zavalía. Los empresarios imputaron la comisión de dos ilícitos. El primero es por extorsión, previsto en el artículo 168º del Código Penal, que castiga con prisión o reclusión de 5 a 10 años por intimidar a alguien para que entregue dinero. El otro es por coacción agravada, previsto en el artículo 149 bis, que fija una pena 2 a 4 años de prisión a quien haga uso de amenazas para obligar a otro a hacer algo contra su voluntad. Por la escala de la pena en el primer ilícito, de encontrarse un culpable irá preso.

La presentación se hizo en los estrados nacionales porque entre los clientes de las caleras hay empresas radicadas fuera de San Juan, como Acindar, Siderar y Agua y Saneamientos Argentinos. Entre los argumentos para el planteo los empresarios citaron que una reunión mantenida el 5 de octubre en el Sindicato de Choferes de Camiones, con Hugo Moyano y su hijo Pablo, “estuvo plagada de presiones, patoterismo, voces subidas de tono y amenazas de males mayores”.

Lo que el gremio reclama es un total de 457.504.429 pesos correspondientes a una presunta deuda por el pago de aportes a la obra social y de contribuciones al sindicato correspondientes al período que va desde agosto de 2011 a agosto de este año, es decir 5 años, que las empresas de transportes no habrían pagado (ver infografía). Pero los gremialistas hacen responsables a las caleras por los aportes no depositados porque dicen que no les exigieron a las transportistas el certificado de libre deuda que indica si están al día. Los empresarios sostienen que se trata de una deuda calculada “de manera ilegal y mediante actos delictivos”, como el corte de rutas, que sumó 3 jornadas hasta ayer. Incluso citaron que algunas empresas de transportes han exhibido que a febrero de este año contaban con documentación que demuestra la improcedencia de la deuda. Según los empresarios, por esa razón en la citada reunión Moyano ofreció reducir el monto a 150 millones de pesos.

Diario de Cuyo


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