Pese a la crisis interna, en la CGT negocian leyes claves con el oficialismo

La crisis que atraviesa la conducción de la CGT no impide que continúen las negociaciones con el Gobierno en una serie de iniciativas vitales para el gremialismo. Por un lado, hay una negociación abierta para una ley de prevención de riesgos laborales, que comanda la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Por el otro, se desarrollan negociaciones para introducir reformas en el sistema de obras sociales, elemento medular de la columna vertebral del peronismo.

En los dos casos, los dirigentes a cargo de las gestiones habían sido designados por el consejo directivo. La crisis de la conducción, a partir de la ruptura de Moyano, no ha impedido continuar con estas negociaciones. La duda planteada por varios integrantes de la comisión directiva de la CGT es qué ocurrirá cuando un nuevo tema entre en agenda. Por caso, en su discurso de la semana pasada ante la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri anunció que impulsarán el tratamiento de una ley de blanqueo laboral.

El miércoles, diversos referentes de la CGT, entre ellos el integrante del triunvirato Carlos Acuña, participaron de un evento organizado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) que dirige Gustavo Morón. Con acuerdo de los sindicatos, se había aprobado a fines de 2016 una nueva ley de riesgos laborales. Ahora, se negocia una nueva norma sobre prevención, muy requerida por los gremialistas. El anteproyecto de ley está a punto de ser terminado, como parte de una negociación en la que representan al mundo sindical de la Uocra y Comercio, junto a representantes del Gobierno y empresarios.

En paralelo, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Carlos Frigerio (Cerveceros) son los encargados de negociar con los ministerios de Trabajo y Salud las modificaciones a las normas sobre obras sociales. El año pasado se había integrado este tema al paquete de reforma laboral que finalmente nunca llegó a ser tratado en el Congreso, por las diferencias sobre el tema en la CGT y el peronismo, la crisis desatada por la reforma previsional y el escándalo que afectó a Jorge Triaca por la empleada de su familia.

Como parte del paquete de reforma se proponía la creación de una agencia que defina las tecnologías médicas que deben ser cubiertas. El problema es acuciante para las obras sociales sindicales, porque crecen día a día los amparos judiciales que obligan a proveer tratamientos muchas veces experimentales. Una de las opciones que desean los gremialistas es recurrir a un decreto, en espera de la aprobación de la ley, para detener la sangría de fondos. Pero fuentes gubernamentales confirmaron que la intención es ir por la ley.

Estas negociaciones siguen en curso, pero distintos referentes confirmaron que si surgiera un nuevo tema en agenda no sería tan fácil definir quién será el gremialista encargado de encabezar la negociación con el Gobierno. Antes de una definición en este sentido, la CGT debe confirmar qué gremios siguen siendo parte de la central, cuáles podrían sumarse y luego fijar un cronograma para avanzar hacia una nueva conducción.

Pablo Moyano se llevó hasta los patovicas

El portazo de salida que dió el martes Pablo Moyano en la CGT incluyó la renuncia a la custodia del edificio de Azopardo. Según confirmaron a PERFIL dirigentes de la mesa chica cegetista, ahora se optará por alguna empresa de seguridad privada. También se buscó llevar tranquilidad a los cerca de treinta trabajadores que dependen de la central. La renuncia al control de la sede gremial donde fue velada Eva Perón fue toda una novedad, porque el moyanismo siempre se aferró al control de este talismán sindical cada vez que rompió con otros sectores. Desde que se reunificó la central, a pesar de las quejas, Camioneros mantuvo el control del edificio con el despliegue de los clásicos “patovas” del sindicato, que día y noche hacían guardia en el edificio. Pero el martes, todo el plantel del moyanismo levantó su oficina y retiró el personal de seguridad.

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