Acuerdo entre Uruguay y Argentina para detectar evasores

El Gobierno de Tabaré Vazquez prometió ayer toda la ayuda posible para detectar contribuyentes argentinos con bienes no declarados en el país vecino; y ratificó que desde el 1 de enero se avanzará en el acuerdo bilateral para que desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se pueda acceder más rápidamente a los datos fiscales que se manejan en Uruguay. Sin embargo, habrá una salvedad. La información que se suministrará es del ejercicio fiscal en curso hacia delante, y no para atrás. Esto quiere decir que el organismo que maneja Alberto Abad conseguirá los datos de los contribuyentes nacionales en Uruguay desde, por ejemplo, 2017, pero que será casi imposible que se consigan los datos de los cinco años anteriores.

Las promesas, confirmaciones y aclaraciones, fueron concretadas ayer en Buenos Aires en el marco de la visita oficial del presidente uruguayo Tabaré Vázquez; quién además de hablar de Venezuela, las pasteras y el futuro del Mercosur, conversó sobre el acuerdo de intercambio de información impositiva entre los dos países. Éste había sido negociado por Abad personalmente en Montevideo. En ese viaje había quedado en claro que un acuerdo final entre los dos países sólo avanzaría de manera firme si se le daba fuerza política desde el más alto nivel oficial. Sin la orden presidencial de lo más alto del Ejecutivo uruguayo, sería difícil que ese país desmantele aunque sea levemente su tan protegido secreto bancario.

Sin embargo, el país vecino fue uno de los estados que firmaron el compromiso de intercambio de información impositiva ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); que debe comenzar a regir desde enero del próximo año o el mismo mes de 2017.

No retroactivo

Uruguay se comprometió en septiembre en avanzar en el acuerdo final y Vázquez lo ratificó ayer. Sin embargo, no se podrá avanzar en la intención local de poder ir varios años hacia atrás (la AFIP quería 5 años). Además habrá que presentar requerimientos claros desde Buenos Aires sobre por qué se justificaría que el país vecino entregue información sobre un contribuyente local. Aceptadas estas limitaciones, el Gobierno nacional quiere acelerar el acuerdo y que para el 31 de marzo, cuando venza la última fecha del blanqueo, ya esté disponible para que la AFIP avance en el pedido de datos y posteriores fiscalizaciones. Aseguran en el organismo recaudador que ya tiene un largo listado de más de 10.000 nombres con potenciales inversiones en Uruguay bajo la lupa, y que se esperará a esa fecha para avanzar.

Según la AFIP, es fácil detectar potenciales evasores con eventuales intereses financieros en Uruguay. Sólo con el cruzamiento de datos a partir de viajes al país vecino, gastos declarados en tarjetas y, en algunos casos, movimientos financieros; hay suficientes pistas para comenzar.

Uruguay fue hasta ahora remiso a avanzar en el tratado en protección a que alguno de los argentinos que están en la mira de Buenos Aires, debido al temor porque muchos depositantes de fondos huyan hacia otros puertos “evasión friendly”. No se podrá obviamente evitar que esto suceda, pero sí que posteriormente haya investigaciones sobre la titularidad de los inmuebles de ciudadanos locales declarados en Uruguay pero no en la Argentina. Obviamente esto incluye Punta del Este.

Los acuerdos con este país no son los únicos sobre los que se están avanzando. Ya hay tratados en marcha con Estados Unidos, España, Chile y, la semana próxima, comenzará a hablarse con Brasil.

AF


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