En cuanto al monotributo, los gremialistas aguardan un decreto de aumento del aporte que realizan los afiliados a ese régimen, que en la actualidad es de 937 pesos (llega a $1.300 por un fondo constituido por recursos propios de las entidades), a cambio de las prestaciones establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). En la CGT rezongan que esa cobertura médica tiene un costo no menor a $2.600 mensuales, cercano al promedio que pagan como aportes sus afiliados tradicionales. El Gobierno se comprometió en varias ocasiones a rebalancear el pago de los monotributistas pero la dinámica de la pandemia le dio una excusa para diferir esa resolución. El último compromiso que revalidó Alberto Fernández consiste en un aumento progresivo del aporte, hasta agosto o septiembre, de modo tal de casi triplicarlo hasta hacerlo empatar contra el valor del PMO.
En la SSS admiten que una opción rápida es la del decreto aunque aclaran que también la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, estudia un proyecto de ley en ese sentido. Hay otra medida, menos sofisticada, que los dirigentes piden para aliviar a sus obras sociales: un límite temporal a la incorporación de los familiares de los monotributistas al acceso a las prestaciones de las entidades de salud sindicales. Otra letanía de la dirigencia indica que a la oleada de monotributistas que inundó a precio de ganga las obras sociales le siguió la de sus parientes directos, a los que según dicen se ven obligados a brindarles desde el día cero los contenidos del PMO.
Respecto de las prestaciones por discapacidad, la CGT ya había conseguido que el Gobierno agilizara los mecanismos para establecer un padrón de afiliados con ese tipo de coberturas y generase un sistema exprés de repago de sus tratamientos vía el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). La actual gestión es más ambiciosa: apunta a desligar a las obras sociales de los reintegros por servicios de educación y transporte, que al igual que los servicios médicos hasta ahora quedan a cuenta de los recursos del FSR.
Los sindicalistas esperan haber convencido a Alberto Fernández de la necesidad de un involucramiento estatal en esos rubros de modo tal de quitarles una mochila a las obras sociales y reemplazarla por subsidios directos a los discapacitados. Como ejemplo mencionan que de los casi 6.000 millones de pesos mensuales que recauda el FSR (de aportes de las propias obras sociales al fisco) casi la mitad, 2.900 millones de pesos, se destinan al rubro discapacidad, con gran porcentaje a los ítems de educación y movilidad.
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