Los legisladores destacaron la importancia de contar con “seguridad jurídica” que “sirve para que no se cambien las reglas de juego en el proceso de inversión y el efecto multiplicador en la economía.
Con 18 votos a favor y 9 en contra, la Legislatura del Chubut aprobó la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, (RIGI), que fue establecido por la Ley Nacional 24.742, pero exceptúa en su artículo segundo a las actividades referidas a las actividad minera.
El proyecto de ley, número 175/24, fue fundamentado por el diputado del bloque Despierta Chubut Luis Juncos, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que, junto a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, fueron los ámbitos en los que en los días anteriores se emitió dictamen a partir de su tratamiento por parte de los diputados.
La ley tiene 4 artículos solamente : el primero sugiere adherir; el segundo, excluye a las actividades mineras previstas en la ex ley 5.001, hoy vigente; el tercero pone en cabeza del Ministerio de la Producción la autoridad de aplicación; y el cuarto invita a la adhesión a los municipios.
Juncos explicó que el RIGI “es un marco jurídico, regulatorio, cambiario y aduanero que trabaja sobre las grandes inversiones a 30 años, y se fija que las inversiones son por encima de los 200 millones de dólares”.
“El RIGI no es algo nuevo. Hay numerosos antecedentes en el país de otras normativas anteriores”, acotó. Y mencionó, al igual que otros diputados tanto del oficialismo como de la oposición, la Ley Guinle -elaborada por el ex senador Marcelo Guinle, fallecido en 2017– que propicia inversiones eólicas con incentivos fiscales.
Desde el oficialismo todos coincidieron en «que necesitamos que haya trabajo y empresas que inviertan. En los últimos años se alejaron las grandes empresas que estaban en el país, muchas de las cuales eran extranjeras pero les daban trabajo a habitantes del país”.
Y añadió que “las políticas nacionales de los últimos años nos acercaron a Rusia, a Cuba, a Irán y a Venezuela, a dictaduras que violan de manera permanente los derechos humanos tanto en América como en otros continentes. Y se tienen que pagar por juicios por la privatización de YPF 16.000 millones de dólares por una empresa que vale 4.000 millones”.
De la vereda de enfrente dirigentes de la oposición cuestionaron entre otros aspectos que el RIGI “permite que el gran inversor importe y exporte sin aranceles. «Eso genera una competencia desleal, por lo que planteó la necesidad de una ley anterior que beneficie a los empresarios locales que invierten en la cuenca y que son los que más empleo y riqueza generan en Chubut”, advirtieron.
Y agregaron, entre otras consideraciones, que la Ley Nacional Bases “no permite obligar a que el inversor deba compartir infraestructura, ni siquiera onerosamente. El RIGI habla mucho de inversiones pero poco de ambiente. Chubut merece un régimen especial de energía eólica, y no esta adhesión nacional”.
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