El salario mínimo, devaluado y fuera de agenda: cómo impacta en docentes y jubilados

Aunque en agosto pasado la CGT pidió elevarlo a $ 31.000 pesos, desde noviembre el salario mínimo vital y móvil (SMVM) es de 16.875 pesos para los trabajadores mensualizados y de $ 84,37 la hora para los jornalizados. Suma poco más de 200 dólares o un dólar la hora, al cambio oficial más el recargo del 30%.

Por el momento, el Gobierno no tiene en su agenda la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo y recién podría convocarlo luego de finalizadas las principales paritarias, para lo cual tampoco hay fechas ciertas. El Gobierno privilegia los aumentos de sumas fijas a cuenta de las paritarias.

Para una familia tipo (matrimonio y dos hijos), el salario mínimo está lejos de cubrir el valor de la canasta de pobreza, incluso si ambos cónyuges trabajan. Restando los descuentos de jubilación y salud (17%), más las asignaciones por hijos, el ingreso salarial total es de poco más de 19.000 pesos frente a una canasta familiar de pobreza valuada por el INDEC en diciembre en $ 38.960.

Si ambos cónyuges perciben el salario mínimo, el ingreso familiar rondaría los $ 33.000, casi 5.000 pesos por debajo del valor de la línea de pobreza. Y por la definición legal, el salario mínimo debería superar con creces el valor de la canasta familiar de pobreza.

La ley de Contrato de Trabajo le asigna tres características al salario mínimo, vital y móvil. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Y debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida.

Es más que evidente, y desde hace mucho tiempo, que el salario mínimo no cumple esas funciones e incide sobre un amplio número de trabajadores no registrados o informales que toman por referencia ese parámetro. Además, impacta en convenios de trabajo con ingresos aún más bajos, como pasa entre empleados provinciales, en trabajadores formales “fuera de convenio” y sobre beneficiarios de planes sociales, que perciben la mitad del salario mínimo.

También impacta sobre los docentes: un maestro inicial en jornada simple cobra un 20% más sobre el salario mínimo. Y entre los jubilados: los que se jubilaron con 30 años o más de aportes tienen derecho al 82% móvil sobre el valor del salario mínimo, lo que incide en más de un millón de jubilados y pensionados, que hoy no pueden cobrar menos de $ 13.837,50 por esa reglamentación. Ahora la jubilación mínima está apenas por encima, pero en caso de actualizarse el SMVM tendrían una mejora.

En la última reunión del Consejo del Salario Mínimo, en agosto de 2019, la CGT reclamó que se fijara en $ 31.000 en línea con el valor de la canasta familiar de pobreza de aquel momento. Por falta de acuerdo, el Gobierno laudó con una suba gradual que lo llevó de los 12.500 pesos a julio de 2019 a 16.875 a partir de noviembre.

Desde entonces, la CGT no insistió con su reclamo y ahora, con la nueva administración, no está pidiendo la actualización del salario mínimo.

Durante la gestión de Mauricio Macri, el salario mínimo pasó de $ 5.588 en diciembre de 2015 a los $ 16.875 actuales: un incremento del 202%. La inflación en esos 4 años fue del 299,2%. Esto representa una pérdida del 24,4% del poder adquisitivo, superior a la caída del salario real del conjunto de los trabajadores.

Clarin


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