El Senado sancionó la ley que reduce las tarifas de gas en zonas frías

La dinámica y la tónica de la discusión entre el Frente de Todos y la coalición opositora fue similar a la que hubo en la Cámara de Diputados días atrás, cuando se aprobó la iniciativa. Un sector de Juntos por el Cambio resolvió apoyar, más allá de los cuestionamientos que esgrimeron algunos senadores. El resto acusó al bloque oficialista de que querer sacar un provecho electoral con el proyecto.

Como miembro informante, el senador oficialista y presidente de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Rubén Uñac, brindó los lineamientos principales de la norma y aseguró que llevará «alivio» al bolsillos de muchos argentinos. «La ampliación del régimen para zonas frías no requiere aportes del Tesoro y significa un beneficio para casi 4 millones de hogares», apuntó el sanjuanino.

Apenas tomó la palabra, el legislador de PRO Humberto Schiavoni, anticipó que votaría en contra, a la vez que remarcó que en su bloque había «libertad de acción» al momento de votar. «No es un subsidio focalizado, sino que está armado en función de una zona geográfica arbitraria”, afirmó el legislador misionero, quien elogió al ex ministro de Energía Juan José Aranguren por el esquema tarifario que diseñó durante el gobierno de Mauricio Macri. Y concluyó: «Lamentablemente este proyecto implica nuevas distorsiones que alejan del sinceramiento de la realidad económica».

Al igual que su compañera de interbloque Gladys González, el senador chaqueño Víctor Zimmermann catalogó la ley de «pro ricos», se quejó porque no beneficia a la provincia de Chaco y pidió incluir al gas envasado. «¿Qué hay para nosotros, las provincias del norte, del NEA, para mi provincia del Chaco? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Sin duda, en este proyecto, ninguno».

«Me sorprende que en medio de tantas dificultades busquen tantos argumentos rebuscados para no acompañar la ley«, señaló el peronista Adolfo Rodríguez Saá.

Oscar Castillo, del Frente Cívico y Social, señaló que «solo se beneficia a las zonas de gas» y subrayó que la ley en discusión «es insuficiente» y «fiscalmente es absolutamente imprudente». En tanto, la macrista Laura Rodríguez Machado aseguró que se trata de una ley con fines «electorales» y planteó que «aquellos que no tienen van a subsidiar a los que sí tienen gas natural». «El subsidio generalizado termina siendo un subsidio a los ricos», lanzó la legisladora cordobesa.

«Todo ciudadano, sea rico o pobre, tiene derecho a pagar una tarifa que corresponda al costo del servicio que está recibiendo«, respondió el senador oficialista Oscar Parrilli a los legisladores de la oposición. Y agregó: «¿Ustedes se dieron cuenta que esas empresas, de acuerdo a un informe del Banco Central, durante la gestión de ustedes fugaron 86 mil millones de dólares? El crédito que sacaron del Fondo Monetario Internacional se lo llevaron en gran medida todas estas empresas a las que le dieron los aumentos tarifarios».

Una de las senadoras opositoras que defendió la ley fue la jujeña Silvia Giacoppo, al sostener que «las medidas propuestas tienen la finalidad de garantizar la igualdad real entre los habitantes de todo el país» y solicitó al resto de los senadores y las senadoras que acompañaran la norma. La radical María Belén Tapia, de Santa Cruz, también dijo que votaría a favor, aunque realizó varias críticas.

La ley

La iniciativa, que fue impulsada el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, establece una prórroga de 10 años del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas. Renueva la reducción del 50% en las tarifas para las zonas que ya gozan de ese subsidio (La Patagonia) y amplía ese beneficio a la provincia de Mendoza y a algunas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis, Salta, Catamarca, Jujuy y La Rioja.

La norma propone que los habitantes de zonas con temperaturas bajas tengan entre un 30% y un 50% de descuento en las boletas de gas, según la situación económica de cada sector. Según estiman en el oficialismo, más de 3 millones de usuarios serán beneficiados con esta medida.

La reducción será del 50% en el caso de los usuarios pertenecientes a los sectores vulnerables (jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, electrodependientes y trabajadores con un salario igual a cuatro salarios mínimos), además de las entidades de bien público sin fines de lucro y con criterios de elegibilidad a asociaciones civiles y comedores comunitarios.

El texto fue consensuado entre Máximo Kirchner y el jefe del bloque de diputados de Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguezel titular del bloque de Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón.

Cupo laboral travesti-trans

Algunas horas antes, el Senado había convertido en ley el cupo laboral para personas travesti-trans por 55 votos afirmativos, 6 abstenciones y un voto negativo.

Todos los integrantes del bloque del Frente de Todos acompañaron la iniciativa. En su mayoría, los legisladores de Juntos por el Cambio votaron a favor, a excepción de un puñado de senadores y senadoras que optaron por abstenerse, entre ellos Rodríguez Machado, Schiavoni, Tapia, Julio Cleto Cobos, Silvia Elías de Pérez, y Roberto Basualdo. En tanto, Ernesto Martínez, de PRO, votó en contra.

«Después de tantos años nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género», dijo la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, quien subrayó que «esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas».

La senadora Gladys González, de PRO, sorprendió al recinto con su intervención, en especial cuando deslizó que estaba arrepentida de haber votado en contra de la ley del matrimonio igualitario en 2010 por tener «una mirada parcial, condicionada por lo cultural y religioso, llena de prejuicios y de ignorancia». «Hoy no quiero que me pase lo mismo. Quiero votar y viendo con mayúscula, quiero reconocer y valorar al otro. No quiero mirar para otro lado», puntualizó la legisladora opositora.

Otro de los senadores que cambió su mirada sobre el tema fue el radical Pablo Blanco, quien contó que pensaba abstenerse pero aclaró que luego de escuchar al resto de las legisladoras y los legisladores resolvió votar a favor del proyecto.

La Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins establece que el 1% de los cargos de personal en el Estado Nacional deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.

El artículo 7 plantea que no se tengan en cuenta los antecedentes contravencionales al momento de ingresar al trabajo. Varios senadores de Juntos por el Cambio se opusieron a ese punto. La ley también señala que no puede ser un impedimento no haber completado los estudios para acceder a un puesto laboral, a la vez que se insta a las personas travestis y trans a completar su formación educativa.

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