Gremios: tendrán más participación en el paquete laboral

El Gobierno prepara concesiones a la CGT para asegurarse al menos un aval implícito al dictado de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para aplicar cambios en la política de empleo. Entre ellas figura la sindicalización de los futuros involucrados en pasantías o «prácticas formativas», y la garantía de que ningún nuevo ingresante al mercado laboral a partir de las medidas en estudio podrá reemplazar a un trabajador actual regido por convenios colectivos de trabajo. Esta semana habrá un nuevo encuentro entre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana con el triunvirato y la mesa chica de la CGT.
Las concesiones destinadas a seducir a la central obrera serán expuestas en la próxima reunión, prevista por ahora para el jueves en el sindicato de Sanidad, sede del cónclave de la semana pasada que dio inicio a una nueva etapa de negociaciones entre los gremios peronistas y el Gobierno. En aquella oportunidad Triaca y Quintana entregaron un borrador con cuatro políticas de empleabilidad (pase al trabajo de beneficiarios de planes; pasantías; subsidios a la contratación, y blanqueo laboral) para ser distribuido entre la dirigencia de la CGT para debatirlo el 2 de febrero en el Consejo Directivo de la organización.

Del texto original, que Ámbito Financiero dio a conocer ayer en exclusiva de manera íntegra, habrá algunas aclaraciones y agregados por parte de los técnicos del Ministerio de Trabajo a instancias de sugerencias que partieron del equipo de abogados de la CGT. Con esos elementos en la conducción de la central creen que quedará allanado el camino para un debate menos confrontativo el 2 de febrero.

Entre los dirigentes el paquete de reformas no causó mayor entusiasmo y el eje se mantuvo sobre la caída de la actividad económica, la pérdida de puestos de trabajo -sobre todo en la industria- y en los perjuicios ocasionados por la apertura de las importaciones. De todos modos el triunvirato que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña se embarcó en la tarea de mejorar el paquete para presentarlo a los gremialistas e incorporarle ítems para hacerlo más atractivo.

Uno de los puntos que sugirió la CGT y aceptó incluir el Gobierno es la incorporación a los sindicatos de los pasantes o «aprendices» (como prefieren denominarlos en Trabajo) surgidos de las prácticas formativas expuestas en el plan. La idea es que, a diferencia de los 90, en que las pasantías eran sinónimo de flexibilización laboral y trabajo barato, en esta ocasión los ingresados a las empresas por esta vía cuenten al menos con el paraguas de una organización sindical.

El otro rubro sujeto a cambios es el de los beneficiarios de planes sociales traspasados a un empleo privado con el valor de su asignación como parte del sueldo para abaratar su contratación por parte del empleador. Ese ítem estará en la propuesta final pero con una aclaración: las empresas que contraten a beneficiarios de planes no podrán utilizarlos para reemplazar personal de su actual plantilla. Dicho de otra forma, los empleadores interesados deberán aumentar su plantel, cuando en la iniciativa original estaba contemplado que mantuvieran sin cambios su dotación de personal.

Hay un punto más que el Gobierno exhibe como zanahoria para convencer a los sindicalistas: en el capítulo de blanqueo laboral serán invitados a participar de los operativos de fiscalización del empleo no registrado. Según los funcionarios, aunque esta alternativa podría generar resistencia en las provincias -que tienen la facultad en última instancia del control- en caso de prosperar será una atracción para los gremios contar con información de primera mano de actividades y zonas de empleo no registrado, e incluso adoptar una suerte de poder de policía del trabajo.

A.F

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