Para abandonar aquella moderación, el ministro de Economía no necesitó de las diatribas que Cristina Kirchner, ahora completamente corrida de la escena, lanzaba periódicamente a su antecesor, Martín Guzmán. Bastó con su confirmación como candidato presidencial para que empezara a pisar precios regulados, atrasar tarifas, resignar recursos tributarios e intentar contener el tipo de cambio oficial a cualquier costo, sin importar el pagaré que habrá que levantar el 10 de diciembre, pese a que podría ser él mismo el que deba pagarlo si llega a la presidencia.
La otra profecía inexorable, aunque sería más justo hablar de evidencia empírica, es que los argentinos se dolarizan cada vez que hay elecciones, lo que hace subir las cotizaciones del paralelo y de los financieros, con fuerte impacto en la opinión pública y en los precios, en un contexto de inflación desbocada. Allá por marzo, Massa hablaba de una aparente estrategia para enfrentar el momento actual, que consistía en obtener antes dólares del campo con sucesivas ediciones del plan soja, cerrar el acuerdo con el FMI y encontrar nuevas fuentes de financiación como China o el mundo árabe. Pero apenas firmada la última revisión con el Fondo, Massa empezó a hacer todo lo contrario a lo prometido en ese entendimiento y las liquidaciones del agro resultaron bastante menos generosas que las del año pasado.
No menos previsible era que los políticos fueran a fondo con declaraciones temerarias con tal de obtener algún rédito electoral. Por liderar las encuestas, fue Javier Milei -con sus deseos de un dólar muy alto y su recomendación de no renovar plazos fijos- el que más ruido causó esta semana. El presidente Alberto Fernández salió de su ostracismo y amplificó los dichos del libertario con una denuncia ante la justicia. También en Juntos por el Cambio dispararon contra el candidato de La Libertad Avanza.
Pero no hay que olvidar que Massa ya había afirmado luego de las PASO que, en caso de un triunfo de Milei, habría un plan Bonex y que los bancos deberían advertirles ya mismo a sus clientes. En otras palabras, una invitación a sacar la plata del banco por las dudas, aún cuando el 23 de octubre él seguirá siendo ministro de Economía y debería afrontar las consecuencias. Son como esos dibujos animados en los que los personajes se pasan uno al otro el paquete de dinamita para ver a quién le estalla.
El 12,7% de inflación de septiembre conocido hoy confirma tanto la consolidación del índice en el escalón de los dos dígitos como la sensación de estar contemplando una foto vieja. La disparada del blue y de los dólares financieros de los últimos días, junto con la tensión política por las elecciones prometen recalentar los precios. Para los economistas, pronosticar hoy el IPC de octubre con certeza es un trabajo de clarividencia, más que una tarea profesional. Difícil medir algo si hoy no hay precios de referencia y, en muchos casos, tampoco productos qué relevar.
Según el informe preliminar de Eco Go, a partir de lo que pasó en la primera semana del mes, el índice general sería del 10,2%, dato que, aclara la consultora, “de buenas a primeras resulta provisorio en un contexto de alta volatilidad, donde la incertidumbre que imprime el panorama electoral complejiza las estimaciones y no permite descartar una nueva aceleración de los precios”.
Además de la amenaza que representan la suba del dólar y una eventual devaluación del tipo de cambio oficial después del 22 de octubre, la inflación que dejará el fallido gobierno del Frente de Todos a la próxima administración es una mamushka que contiene en su interior problemas cuya corrección traerá aún más impacto en los precios. Es el caso de la distorsión de los precios relativos y de la inflación reprimida que generan.
Un reciente informe de la consultora Abeceb lo pone en números. Señala que el intento del Gobierno de amortiguar la caída de ingresos, que le resta chances electorales al oficialismo, se hizo a través de medidas discrecionales que agudizaron las distorsiones que ya existían, con los precios mayoristas y de los productos importados, así como los de los bienes y servicios, subiendo bien por arriba de los regulados. Tomando como índice base 100 a diciembre de 2016, los primeros están en 165,2; los segundos, en 138,3 y los últimos, en 78,2. Es una bomba que deberá desactivar quien gane las elecciones y para la que Massa no dejó un manual de desarme. Tras 14 meses de gestión, no hay plan para el día después ni, mucho menos, margen para seguir aplicando parches. La peor de las profecías es la que todos deberían querer evitar: la que habla de hiperinflación.
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