Las señales que llegaban desde el gobierno mendocino eran contundentes: la venta de las acciones estatales de Impsa es fundamentalmente un problema de la Casa Rosada. Así, por ejemplo, explicaban funcionarios locales la decisión de ceder el sillón que le corresponde a la provincia en directorio de la empresa a la Nación, para que la gestión de Javier Milei colocara a una persona de su confianza.
Sin embargo, el gobernador Alfredo Cornejo desmintió que el Ejecutivo provincial se haya desentendido de la crisis de la ex Pescarmona. Hay que recordar que desde 2021, la Nación y Mendoza tienen el 85% de las acciones en Impsa, repartidas respectivamente en 63,7% y 21,2%.
“La principal responsabilidad es del gobierno nacional porque tiene el paquete mayoritario, o sea que jurídicamente tiene que liderar el proceso. Además, nosotros no tenemos un expertise suficiente para la envergadura de esta empresa”, comentó Cornejo. Sin embargo, aclaró que “eso no quiere decir que no estemos informados del proceso. Tenemos reuniones conjuntas con los eventuales inversores, discutimos los términos del pliego, las correcciones”.
El gobernador dijo que la Nación solicitó a la única empresa interesada en comprar Impsa, la norteamericana ARC Energy, una mejora de oferta porque la inicial incluye requisitos imposibles de cumplir. “Este proceso se va a estirar hasta que llegue una mejor propuesta o hasta llamar una nueva licitación, si es que esa oferta no es satisfactoria”, anticipó.
La minería y el rol de Impulsa
Uno de los hitos del año en Mendoza fue el avance de la minería. La Legislatura aprobó el mes pasado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para 34 proyectos de exploración de cobre en Malargüe, abriendo la puerta a la actividad en el sur de la provincia. En ese proceso tuvo un rol fundamental la empresa estatal Impulsa.
Cornejo defendió el trabajo de Impulsa e intentó despejar las dudas sobre su función. “Todas las provincias que están haciendo minería tienen una empresa estatal. Después como la usa cada una, es otra discusión. Nosotros incorporamos a Impulsa en ese proceso, con una diferencia: no puede quedarse con un porcentaje del proyecto”, sentenció.
El Código Minero Nacional establece que la empresa que declara y pide el permiso de exploración, tiene el derecho. “Después negociará con el superficiario cómo le paga. Pero el que lo declara lo tiene. Así funciona en San Juan, en Santa Cruz, en Catamarca, en La Rioja, en Jujuy y en Salta”, indicó el mandatario.
Según Cornejo, esa situación provocó que se genere una industria “inmobiliaria” paralela: quedarse con los permisos hasta tanto llegue un inversor que se encargue de la exploración
“Estamos usando Impulsa para que esto vaya más rápido, no para que se asiente en el negocio inmobiliario de quedarse con el permiso”, consideró el gobernador, quien resaltó el “alto consenso” para el desarrollo minero en Mendoza.
Fuente: elsol.com.ar