Ni amenaza de un paro ni el “Pata” pudieron con la tregua Gobierno-CGT

Para el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) cumplió una promesa hecha a comienzos de mes: que la sonada convocatoria al Comité Central Confederal de la entidad gremial citado para el 25 de septiembre -donde debía ponerle fecha al próximo «paro general» para antes de las elecciones del 22 de octubre- quede adormecida. O, aún mejor, anulada. Así sucedió. Y del Comité del lunes pasado nadie se acordó. Ni el bizarro affaire del martes que involucró a Juan Pablo «Pata» Medina pudo cambiar la tendencia y arrancarle un mensaje crítico al Gobierno de parte del sindicalismo ortodoxo argentino. Tampoco la amenaza cierta de avanzar en investigaciones judiciales sobre otros popes gremiales con mayor poder de exposición y mejor presencia mediática que el controvertido líder constructor platense definido por el duranbarbismo como «el enemigo perfecto».

A cambio el Ejecutivo se había comprometió a mantener inalterables los flujos mensuales y vitales hacia las obras sociales sindicales, manteniendo viva la matriz fiscal de buena relación bilateral. Ocurrió a comienzos de septiembre y los envíos continuarán llegando en tiempo y forma en octubre. La sangre de los principales gremios continuó oxigenada y la capacidad de acción de gremios con buena relación con el Ejecutivo siguió inalterable. Ahora las partes se preparan para surfear los pocos días que restan para las elecciones legislativas, conviviendo con lógicas y tolerables críticas a la política económica desde el mundo sindical. Desde el «ala electoral» del macrismo tampoco habrá dardos directos contra el mundo sindical peronista en el último tramo de la campaña, ni se los hará responsable de la herencia recibida.

Todos se preparan para lo que viene en la Argentina poselectoral: una discusión seria sobre la próxima reforma laboral, los sectores que encabezarán estos cambios en las condiciones de trabajo, sobre los alcances del blanqueo previsional que está preparando el Gobierno y que comenzará a aplicarse en 2018 y que para los gremios debería tener características de «jubileo» y, lo más importante paran una de las partes, la manera en que se indexarán por inflación los giros de supervivencia para las obras sociales pactados para este año en $8.000 millones. Para la esperanza gremial, en el próximo ejercicio no deberían ser menores a los $10.000 millones.

Había sido el 22 de agosto pasado, 10 días después de las elecciones del 13 donde el macrismo cosechó un buen resultado, cuando el integrante del triunvirato que conduce la CGT y titular del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schimd, había lanzado la convocatoria al Comité Central de la CGT para el 25 de septiembre con el propósito de anunciar «una medida de fuerza». Schmid había sido el único orador de un acto que se adelantó dos horas para evitar que se acelerara un principio de conflicto entre Camioneros y la UOCRA. La respuesta oficial fue casi inmediata. El 23 de agosto, Mauricio Macri eyectó al viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, y al superintendente de Servicios de Salud, Luis Alberto Scervino, precisamente el hombre que tenía el control de las obras sociales. El primero, ligado al dirigente sindical José Luis Lingeri, uno de los organizadores del acto de la Plaza de Mayo. El segundo, el teórico «disciplinador oficial» al manejar el Fondo Solidario de Redistribución, que alimenta las casi 300 obras sociales sindicales habilitadas y que distribuye casi $30.000 millones anuales. De ahí salen los $8.000 que nutren la actividad de los gremios.

Aparecieron allí los sindicalistas «amigos» o «parlamentarios» que sellaron la tregua, que ni el «Pata» Medina pudo quebrar. En la lista de buenas maneras se encolumnaron del Transporte, el Movimiento de Acción Sindical Argentino, que lidera el taxista Omar Viviani, Andrés Rodríguez (UPCN) Gerardo Martínez (Construcción) y Roberto Fernández de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

AF

 


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