Preocupación en sindicatos por la apertura de sus complejos hoteleros en el verano

Por ahora, esa preocupación no pasó a estado público ya que la mesa chica de la CGT «decidió que es mejor «decir las cosas puertas adentro». Se mantiene, entonces, la cláusula de convivencia con uno de sus titulares y crítico de Azopardo, Carlos Acuña, como con otras organizaciones de pertenencia al núcleo de Luis Barrionuevo.

Los gremios subrayan que la incertidumbre hotelera se agrega a la merma de aportes sindicales y que las obras sociales no tuvieron recuperación alguna desde marzo hasta la fecha. «Mucho se dice sobre la nueva normalidad para el verano, pero lo cierto es que la única certeza que tenemos es que si logramos abrir los hoteles y una empleada o empleado se enferma con coronavirus tendremos que cerrar», masculló una fuente sindical a BAE Negocios.

La CGT había puesto a disposición el 14 de marzo todos los complejos hoteleros de las organizaciones que la componen como un aporte a la emergencia que determinaría, jornadas después, la decisión de llevar adelante el aislamiento. A las puertas de diciembre, los gremios subrayan que no solo se trata del servicio que prestan a afiliados y familias sino que es la garantía de trabajo que esperan los empleados que se desempeñan en los hoteles ubicados en las principales zonas turísticas del país.

Sobre ese análisis, recuerdan que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, resaltó que los sectores de gastronomía y turismo habían sido los más afectados por la crisis sanitaria, a punto tal que no habían podido discutir o acordar su pauta salarial como el 85% de las organizaciones, según destacó el titular de la cartera laboral en un informe.

En relación con las diferentes modalidades que activarán diferentes ciudades y localidades para los meses de verano, en varios sindicatos remarcaron: «Nuestros hoteles cumplen una función social para los trabajadores que, sin medidas concretas, se verán afectados todavía más en esta crisis».

Las llaves

Y si de tópicos con ribetes de olla de presión a fuego lento se trata, la distribución de los fondos correspondientes a obras sociales también suman discordia a varios sindicatos, por razones que incluso algunos dirigentes consideran que «superan lo estructural» respecto de «privilegios» en la entrega de esos recursos a los sindicatos. La trama es política y no solo económica, desde la referencia de que 15 millones de personas reciben atención por las obras sociales sindicales y existen demoras para algunas organizaciones en recibir «fondos que nos son propios», advierten. Esto lo contrastan con el respaldo que aseguran brindar al Gobierno. El enojo se mide en algunos dichos que comparten incluso secretarios generales con poca simpatía entre sí: «Muchos estamos de acuerdo en llevarle al Gobierno las llaves de las obras sociales… y que se hagan cargo».

Infobae.com


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