Proyecto de royalty minero en Chile: balance entre recaudación fiscal y competitividad

El proyecto de royalty minero sigue en la mira de empresarios, inversionistas, políticos y expertos en tributación chilena, dado el alto impacto que podría tener en uno de los sectores más estratégicos del país: la minería. 

Este proyecto, que busca incrementar la tributación minera y que forma parte del programa de reforma tributaria del presidente Gabriel Boric, tiene como gran desafío aumentar la recaudación, pero sin restar la competitividad de la actividad minera.

Las principales preocupaciones en torno al tema, se basa en que la minería ya responde a diversos impuestos, los cuales han permitido de cierta manera sostener al país pese a las serias repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 y que seguirá siendo un importante aporte para solventar las crisis que se extienden tras la guerra entre Rusia y Ucrania, como los altos costos de la energía, el aumento de la inflación que no solo ataca a Chile, sino a Latinoamérica entera, y que también afecta seriamente la estabilidad de los mercados financieros.

Por lo tanto, la grande interrogante en torno al proyecto de royalty minero que se discute por estos días en la comisión de hacienda del Senado, es si su normativa permitirá seguir alimentando las arcas fiscales, al mismo tiempo, seguir motivando las inversiones extranjeras y aportando con la misma fuerza al desarrollo y progreso de Chile.

En torno al tema, se han desarrollado una serie de charlas, debates públicos y seminarios tanto políticos y técnicos, para analizar sus elementos y abogar por una iniciativa que garantice la competencia de la industria minera nacional.

Una de estas iniciativas se desplegó en el marco del evento minero Cesco Week 2022, mediante el seminario “Royalty Minero: más allá de la recaudación”.

En la ocasión, la ministra de Minería, Marcela Hernando, ofreció unas breves palabras a los asistentes, asegurando que “el gobierno de Boric tomará las mejores decisiones en torno a las cargas impositivas que son fundamentales para la implementación de sus políticas sociales, pero sin dañar la competitividad de la minería”.

Hernando también señaló categóricamente que no está en la agenda hacer expropiaciones o nacionalizaciones en la actividad minera, despejando las inquietudes que han surgido tras la aprobación de la iniciativa popular de norma que establece la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro, por parte de la comisión de medio ambiente de la Convención Constitucional y la cual será votada esta semana por su pleno.

Alicia Domínguez, socia en consultoría tributaria de EY, quien expuso en el seminario, mencionó que el royalty es uno de los regímenes tributarios más complejos de legislar, ya que involucra a una industria extractiva de recursos naturales agotables que pertenece al Estado y que, además, es altamente estratégica para Chile.

“El royalty no debiera caer en la práctica de ‘pan para hoy y hambre para mañana’. Además, señaló que cualquiera sea el camino, lo fundamental será preservar la competitividad de la actividad minera”, señaló.

Según Domínguez, el actual impuesto específico a la minería (IEM) —que considera regalías asociadas a los márgenes operacionales de las empresas— es bastante beneficiosa y eficiente desde el punto de vista económico, por cuanto mientras más alto es el margen operacional minero, más alta será la tasa.

En 2021, el IEM desplegó toda su capacidad, ya que contó con la coincidencia de que hubo tasas altas permanentes de 4% y 5% a 14% y además, se tuvo los altos precios promedios del cobre. Por tanto, la recaudación fue significativa por el solo hecho del cambio/subida de precio, sin haber necesidad de cambios normativos.

La panelista destacó que la discusión en la comisión de minería y energía del Senado ha tenido un avance sustancial. “Nada tiene que ver el proyecto que se está analizando ahora con el que se originó en la cámara de diputados, el cual era tremendamente dañino para el país”, afirmó.

No obstante, indicó que nunca se ha discutido cuál será la meta de competitividad y cuál será la metodología de comparación. «Se habla de la competitividad, y, sin embargo, el texto del royalty deja una tributación que no está indexada al margen operacional, sino que está indexada a los precios del cobre, dejando fuera un componente importante que son los costos en esta ecuación. Por lo tanto, no hay una definición clara sobre cuál será la tributación asociada a la competitividad de cada proyecto minero. Es decir, no se está entregando un régimen de estabilidad tributaria para la industria minera”, explicó Domínguez.

El proyecto del royalty le da mucha importancia al componente ad valorem, el cual es de carácter regresivo respecto de las faenas de costos bajos, y no atiende la rentabilidad, ni a la capacidad de pago que pueda tener un contribuyente.

Por otra parte, se mantendrá el impuesto específico a las mineras, entonces, se duplicarán los esfuerzos, tanto de cumplimiento por parte de las empresas como de fiscalización por parte de Servicios de Impuestos Internos.

Dominguez, finalizó su intervención levantando la duda sobre si el gobierno mantendrá este mismo proyecto, que esta originalmente ya está viciado o si presentará uno nuevo. En su opinión, el proyecto de royalty minero actual no brinda certeza jurídica para la minería en Chile, ya que está más enfocado en la forma que en el fondo.

Gustavo Lagos, profesor titular honorario del departamento de ingeniería de minería de la Universidad Católica, también expuso en el seminario, y señaló que último proyecto del royalty adolece de problemas y que es muy probable que vengan nuevos proyectos.

“Los métodos que se están utilizando son cuestionables, ya que se está comparando el impuesto de la minería chilena con su principal país competidor en inversión minera, como Perú, y se está adoptando una tasa como la de Perú. Pero, el problema es que Perú tiene distintos costos que Chile. Y si comparamos las 3 empresas más grandes de Perú, sus costos son muchísimo más bajos que en Chile. Por lo tanto, no podemos igualarnos a Perú”, aseveró Lagos.

El académico también señaló que el gran problema de la tributación minera es que su real impacto en la industria se verá después de varios años, en consecuencia el desafío es hacerlo bien y redactarlo bien desde un principio.

Finalmente, Lagos considera que la razón del por qué se está votando por un proyecto que incluye el impuesto ad valorem, radica en la desconfianza de algunos políticos con respecto a los costos reales que tienen las empresas mineras. “Algunos políticos han convencido a una gran parte de la sociedad que los mineros se roban dinero que debiera ser del Estado. Pero, esto no tiene sentido, ya que, si las mineras disfrazarán sus costos reales, hasta la más prestigiosa empresa podría caer en quiebra por la mala imagen que podrían proyectar”, manifestó.

“La idea es continuar aportando espacios de debate como este seminario, a modo de seguir analizando el royalty y otras iniciativas que podrían impactar a la minería, tanto en el corto, mediano como largo plazo», sostuvo Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco.

Uno de los puntos base en la agenda minera seguirá siendo cómo alcanzar un diseño de tributación que permita el mejor balance entre recaudación y competitividad.

BNAméricas.com

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