Revés para el fondo buitre que demanda a YPF

La corte de Nueva York respaldó el pedido de los nuevos abogados que  representan a Argentina en la demanda que inició el fondo buitre Burford Capital en 2015 por la reestatización de la petrolera tres años antes. El guiño lo dio el martes pasado durante una llamada pública la jueza Loretta Preska, al solicitar que los demandantes (nominalmente el Grupo Petersen fundado por los Eszkenazi, en la práctica el fondo buitre Burford) logren que Enrique, Sebastián, Matías y Ezequiel Eszkenazi den testimonio en el proceso de discovery que supervisa Preska a fin de determinar su grado de implicancia en los derechos del juicio que le vendieron a Burford luego de que sus empresas quebraran. La defensa argentina sostiene la hipótesis de que los Eszkenazi se hayan quedado con el derecho de un 30 por ciento en el caso de que se gane el litigio multimillonario. 

Durante la llamada, que duró alrededor de 40 minutos, la jueza que reemplaza desde 2017 a un personaje que se hizo muy conocido en Argentina en temporadas anteriores de esta serie de largo aliento con los fondos buitre, Thomas Griesa, tampoco dio lugar al pedido de los demandantes para que el testimonio Eszkenazi se lleve adelante en tribunales argentinos. Es que desde la presentación de la demanda en la corte neoyorkina allá por 2015, la primera discusión entre las partes hizo foco en qué jurisdicción correspondía que se lleve adelante el juicio. Desde Nueva York entienden que, como la discusión no tiene que ver directamente con la expropiación (que, en ese caso sí debía tratarse bajo leyes argentinas por ser un acto soberano no judicializable en Nueva York) y se trata de un resarcimiento por las acciones de una empresa privada que también cotiza en la bolsa de Wall Street, el caso debe tratarse allí.

El interés de los demandantes porque el proceso se lleve adelante en tribunales neoyorquinos se perdió repentinamente al momento de decidir el país dónde interrogar a los Eszkenazi (en este caso, se invirtieron los roles y Petersen solicitaba que fuera en Argentina); y la jueza no dio lugar a este pedido. Los Eszkenazi tienen plazo hasta el 15 de febrero para coordinar una llamada. Si esto no sucede, la misma jueza aseguró que «habrá consecuencias», que aún no están determinadas pero las evaluará en el caso de que así suceda. Robert J. Giuffra, Jr., uno de los abogados que representan a Argentina fue más determinante: «si no se presentan, la demanda debería ser desestimada«.

Es que este hecho suma una nueva irregularidad en la compra del juicio (o sea, de la posibilidad de litigar contra YPF) con la expectativa de hacerlo en Nueva York: de acuerdo a la ley estadounidense, no se puede comprar un juicio sin los documentos necesarios para enfrentarse a un discovery (proceso que permite que cada una las partes pueda obtener, antes del juicio, información de la otra; debe aportar la prueba documental y suministrar la información requerida por la contraria) a modo de anticiparse a un eventual litigio.

Justicia divina

La victoria del martes 22 fue probablemente más importante en términos simbólicos que jurídicos. El litigio contra YPF es clave en la situación financiera de Burford y, entre las 90 personas que asistieron a la llamada pública, estaban también los posibles inversores y accionistas de la flamante empresa cotizante en bolsa estadounidense.

Burford Capital se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha, y comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York el 19 de octubre de este año. En los informes y balances reglamentarios que tiene que presentar a los accionistas quedó expuesto el peso que tiene el juicio contra YPF en su cartera de negocios: si gana el juicio, sus beneficios aumentarían exponencialmente y si le va mal queda en una situación frágil financieramente, lo que puede impactar en su cotización en la bolsa y el valor de la empresa. El juicio multimillonario, que reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se incumplieron las normas del Estatuto de la petrolera argentina, pide el doble del valor real de YPF. «Pero están expuestos de una forma peligrosa» informan analistas del caso.

La causa se reactivó a mediados de diciembre cuando Argentina cambió el estudio de abogados que lo representaba. Los nuevos letrados realizaron requerimientos a los demandantes, uno de los cuales fue aclarar la relación del fondo con los Eszkenazi, miembros del directorio de la YPF privada junto con Repsol, y propietarios del 25 por ciento del capital accionario con la titularidad de las empresas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que quebraron luego de la estatización del 51 por ciento de las acciones en 2012. La llamada de esta semana se produjo porque la jueza dio lugar al pedido de los nuevos abogados.

A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF  (el grupo Petersen) para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales (como es el caso de NML Capital de Elliott Management del financista Paul Singer, personaje conocido en otro capítulo de la lucha contra los fondos buitre en el país) para perder esta acción judicial. La realidad es que el juicio cuenta con muchas irregularidades que pueden llegar a bajar el valor de Burford de forma considerada. El fondo buitre se puede llegar a ver atragantado por su propia presa.

Descargo

El Grupo Petersen se desvincula del juicio que se desarrolla en el exterior contra YPF. En un descargo presentado ante PáginaI12, el Grupo Petersen  declara que «es totalmente ajeno a cualquier demanda contra YPF y/o el Estado Nacional en la Argentina o en el exterior. Renunció expresamente a ese derecho a litigar contra el Estado argentino. No inició el juicio ni tampoco le vendió los derechos al fondo Burford, con el que el Grupo Petersen no tiene ninguna relación, ni comercial ni de ningún otro tipo». Explican que la demanda contra la Argentina está impulsada por el fondo Burford, al que la justicia española le vendió los derechos para litigar contra el país en el marco del proceso concursal de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora iniciado tras la expropiación de YPF. Al momento del inicio de la demanda, esas dos empresas ya no tenían relación con el Grupo Petersen y fue la justicia española que administra el proceso concursal de las Petersen la que subastó esos derechos a litigar, los que fueron adquiridos por Burford, el mismo fondo que ganó el juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas.

Página12.com


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