La provincia del norte acelera los proyectos de litio y cobre para tenerlos listo apenas se reglamente el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Cuáles son las iniciativas en la línea de largada.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sancionado por el Congreso nacional en junio espera, en breve, el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo para consolidarse como una señal que puede desencadenar varias inversiones que fueron quedando al margen de las prioridades de las empresas en los últimos años.
En el marco del régimen y de un contexto internacional que se prepara para un salto de la demanda de recursos mineros clave para la transición energética durante los próximos años, en la provincia de Salta varias empresas vienen ratificando sus anuncios de inversión por cerca de US$ 9.000 millones.
Para la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el RIGI es “una herramienta esencial para que el país pueda poner en marcha la producción minera y de otros sectores estratégicos, al generar un marco de certidumbre” y aseguró que “tomando solo los proyectos más avanzados, se estima hacia el 2030 inversiones cercanas a los US$ 25.000 millones, para lo cual el esquema permite alcanzar la competitividad nacional y contar con un plan de largo plazo”.
El gobernador salteño Gustavo Sáenz acaba de anunciar que envió a la Legislatura el proyecto de adhesión de Salta al RIGI para impulsar la concreción de grandes inversiones en la provincia. De la misma manera se analiza la posibilidad de que el gobierno provincial adhiera a la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, posibilitando el aumento del 5% de regalías en boca de mina para los nuevos proyectos, ya que se respetan las condiciones jurídicas de aquellos que ya están en marcha.
En el marco de este proceso de mejorar las condiciones del clima de negocios desde la Nación y las provincias, la empresa coreana Posco ratificó en Salta que planea solicitar el RIGI para las fases 2 y 3 de su proyecto de litio de US$ 2 mil millones. Esperan que el RIGI mejore el entorno económico y empresarial, por lo que evaluarán positivamente futuras inversiones, aseguraron sus autoridades recientemente.
En la misma línea, el gigante chino Ganfeng -el mayor proveedor mundial para la producción de baterías de litio- evalúa construir su nuevo proyecto de litio mariana, en el Salar de Llullaillaco, con una inversión de casi US$ 1.000 mil millones, además de a ver ingresado recientemente en Pastos Grandes, con el 15% adquirido a Lithium Americas.
A su vez, First Quantum Minerals, a cargo del proyecto de cobre Taca Taca, con una inversión estimada de US$ 4.000 millones, tiene previsto aplicar también al RIGI. La empresa se encuentra trabajando conjuntamente con la provincia para obtener los permisos necesarios y se espera que pueda concretarse en el corto plazo.
En tanto, la francesa Eramet aplicaría el RIGI con la fase 2 de su proyecto de litio Centenario Ratones con una inversión estimada de US$ 800 millones adicionales, y también la australiana Rio Tinto avanza con la construcción de su planta de 3000 toneladas, y de esta manera, el año que viene evalúa la construcción de una planta de 50 mil toneladas.
Asimismo, la nacional Tecpetrol del Grupo Techint evalúa la construcción de sus proyectos de litio en el corto plazo tras la adquisición de los activos locales de Alfa Lithium por un monto de US$ 220 millones el Tolillar, a sólo 380 kilómetros de la capital provincial.
El Rigi es una respuesta a las empresas que los inversores vienen pidiendo en el país sobre aspectos sensibles como seguridad jurídica y tener la certeza que el flujo de fondos no se va a cambiar por una decisión política. Así, las empresas interesadas deben presentar un Plan de Inversión al Ejecutivo Nacional, por un mínimo de US$ 200 millones, colocando, al menos, el 40% en los dos primeros años. En caso de proyectos de exportación estratégica se requiere un mínimo de USD 1000 millones.
Las autoridades provinciales esperan que estos incentivos logren neutralizar el efecto que está generando la caída del precio internacional del carbonato de litio, que está ralentizando el desarrollo de varios proyectos. Precisamente, se confía en que la adopción de un régimen que busca darles estabilidad fiscal a proyectos de inversión superiores a USD 200 millones equilibre esa situación para que las provincias continúen siendo atractiva para nuevos prospectos.
El nuevo régimen, además, establece la contratación obligatoria de un mínimo del 20% de proveedores locales, y eso significa un derrame en la creación y desarrollo de PyMEs, con la consiguiente creación de puestos de trabajo.
El RIGI no se contrapone con la Ley 8.164 de Promoción Minera, y se aplica a las nuevas inversiones ya que no tiene previsto un mecanismo retroactivo. En tanto que los controles en materia de impacto ambiental continuarán como hasta hoy bajo la órbita de los gobiernos provinciales, ya que el RIGI no establece ninguna regulación en ese sentido.
El RIGI fue aprobado en junio, en el marco de la Ley de Bases con el propósito de fomentar grandes proyectos de inversión e impulsar el desarrollo de cadenas de producción estratégicas. Entre estas, se destacan: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, e hidrocarburos.
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