Sostenibilidad minera, impuestos y derechos de propiedad se toman debate constitucional en Chile

El próximo mes, los chilenos elegirán a los 155 miembros de la convención constitucional que redactará la nueva constitución, y algunos de los candidatos de las regiones mineras han estado hablando de las modificaciones que promoverán en beneficio del sector.

Los temas en el radar incluyen el proyecto de ley de regalías sobre la extracción de cobre y litio que se debate en el Congreso, la propiedad minera, los derechos de agua y la producción de litio, pero otros asuntos como operaciones sostenibles, mantener los ingresos fiscales de la minería en las propias regiones mineras, y las asociaciones entre gobierno y sector privado y entre las empresas mineras y las comunidades fueron tratados por cuatro candidatos a la asamblea en un panel organizado por la Cámara Minera de Chile.

Los participantes fueron el exsubsecretario de Minería Iván Cheuquelaf, en representación de las comunidades indígenas; la abogada Catherine Sánchez, en representación de los municipios de enclaves mineros como Antofagasta, Calama, Mejillones, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Tal-Tal y Tocopilla; el exministro del Interior Gonzalo Blumel; y la periodista Lucía López, ambos postulantes por los municipios de Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín.

Según Blumel, la nueva constitución debería garantizar que las regiones mineras se beneficien de la industria.

“La descentralización fiscal a nivel de la constitución debiese generar que los efectos locales se compensen, pero también que parte de las rentas vayan a rentas generales del fisco, porque son claves para el desarrollo en todo el territorio nacional”, indicó.

El proyecto de ley que se discute en la Cámara de Diputados establece que la nueva regalía de 3% se divida en 25% para el desarrollo de localidades mineras y 75% para mitigación y reparación de daños ambientales causados por la minería.

Sin embargo, Cheuquelaf planteó que, en lugar de garantizar que los ingresos permanezcan en las regiones mineras, el foco debe estar en generar más recursos para que puedan distribuirse mejor.

“No se trata de cómo distribuimos la torta y paleamos la desigualdad, sino cómo hacemos crecer la torta. En la constitución se podrían establecer normas y principios que habiliten mecanismos legales de política pública que permitan mejor distribución”, aseveró.

En cuanto a los derechos de propiedad minera, Sánchez indicó que se debe analizar la normativa vigente para definir si es necesario nacionalizar los recursos minerales.

“Se debe reformular si queremos que la actividad extractiva se siga haciendo de la misma forma”, indicó.

Blumel agregó que el mejor escenario para la industria es que la minería la realicen empresas estatales y privadas.

“Se debe mantener la propiedad estatal de los recursos [minerales], pero me parece fundamental que la actividad estatal pueda ser acompañada por la actividad privada”, manifestó el exministro.

López planteó que la industria requiere estabilidad legal y fiscal para seguir siendo competitiva, pero los aspectos de licenciamiento social también deben incluirse en la discusión.

Los aspectos de licenciamiento social y sustentabilidad de la industria serán parte de la política minera nacional que se planea presentar durante el primer semestre de este año.

BNamericas.com 


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