Alfredo Cornejo cerró, el viernes por la noche, su gira en búsqueda de inversores mineros por Canadá pegado al teléfono. La escasa diferencia horaria de sesenta minutos que existe entre Toronto y Buenos Aires, le permitió seguir prácticamente sin demoras desesperantes las alternativas de la reunión entre funcionarios de Javier Milei y los gobernadores que se estaba llevando a cabo en la Casa Rosada.
Casi online con la vice Hebe Casado, Cornejo cruzó mensajes con algunos de sus pares de Juntos por el Cambio quienes, al término del encuentro, le transmitieron un mensaje relativamente tranquilizador a 9000 kilómetros de distancia. “Le falta trabajo y ver cómo quedará redactada la letra chica, pero estoy conforme con lo que se habló. Lo óptimo hubiera sido rediscutir todos los impuestos, pero no se puede. Se verá el debate por Ganancias. Pero claramente el Gobierno nacional parece que bajó un cambio”, le transmitió el gobernador a los funcionarios mendocinos de la comitiva que, en ese momento, lo rodeaban y escuchaban pendientes los términos del informe de Casado.
Sin embargo, a la distancia, el foco no estaba puesto únicamente en lo que sucedía en la Capital Federal y buena parte de la atención gubernamental estaba centrada en Mendoza: desde el exterior y en menos de una semana, Cornejo finalmente desplegó su plan para avanzar con el desarrollo de la minería que, por ahora, no acarrea detrás de sí la intención política de modificar el cerrojo que, para el desarrollo pleno de la actividad, implica la vigencia de la Ley 7722. Pero que, si lo diseñado resulta, quizás sirva para abrirle la puerta a futuro a un debate que hoy está clausurado y que, asimismo, termina sacando a miles de personas a las calles y rutas de la provincia ante la más mínima posibilidad de que se mencione discutir a esa norma impuesta en 2006.
Cómo se avanzará por ahora quedó claro. Mientras el gobernador encabezó una visita a la feria Prospectors & Developers Association of Canadá, que no es otra cosa que el epicentro del mundo minero, en la Legislatura se presentaba un proyecto para reformular el Código de Procedimientos Mineros que data de 1940 y, como señal a los inversores que se reunieron con la comitiva mendocina en Toronto, se comunicaba la creación del “Distrito Malargüe”. Esto es, el diseño de un polígono de 20.000 kilómetros cuadrados en esa zona del Sur que deja afuera al área periglaciar de la cordillera y en donde ya están en trámite más de un centenar de proyectos de exploración que, en principio, se tratarían ahora de manera unificada. ¿Todo esto para qué? Para comenzar a sacar cobre bajo lo que marca la legislación vigente y en un departamento que, casi en soledad en el contexto de la provincia, dice desde hace años que le da licencia social a la minería.
Pero ya es sabido: explotar o no de manera intensiva los yacimientos de minerales metalíferos que guarda la montaña y que intervengan en ello las grandes multinacionales de la industria, es uno de los aspectos más complejos de debate dentro de la sociedad mendocina desde hace ya casi veinte años. Por eso no solo alcanza con tener un plan. Sino en la forma en la que este se lleve a cabo. Y, sobre todo, para poder encontrar un consenso lo suficientemente amplio que, en definitiva, permita escapar de la lógica de que los que imponen las condiciones desde hace tiempo son aquellos sectores que están dispuestos a salir a manifestarse para que la minería a gran escala no prospere.
En este punto la reacción ya comenzó a producirse y con la misma velocidad de siempre. El jueves, a solo horas de que el Gobierno anunciara la creación del distrito en Malargüe, en un comunicado de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se declararon en “estado de alerta y movilización” y se autoconvocaron a una reunión para este lunes a las 20 en Maipú en donde comenzarán a diseñar cómo oponerse al diseño trazado por Cornejo. Algo ya anticiparon: entre otros puntos objetan el mecanismo por el cual se terminarían aprobando de manera conjunta decenas de declaraciones de impacto ambiental en Malargüe y rechazan el diseño del polígono porque lo consideran “una zona de sacrificio y la punta de lanza para el avance de otros proyectos megamineros como San Jorge y Paramillos”.
Sobre esto último, los asambleístas podrían terminar enfrentándose de frente con todos sus miedos. En el ánimo de Cornejo resuena una frase: “Si están preocupados porque el caso Malargüe resulte exitoso y después esto se traslade al resto de la provincia, tienen razón. Pero allí quedará demostrado que, si hacemos las cosas bien, en definitiva quedarán expuestos en que su problema no es el medio ambiente. Sino que en el fondo son antimineros”.
Quizás tenga en la actualidad un contexto algo favorable el Gobierno en esta disputa incipiente, que lo enfrenta a protestas y manifestaciones en el horno social que es hoy Mendoza y que está hoy para estos bollos. Javier Milei, como uno de los diez puntos del “Pacto de Mayo” que está discutiendo con los gobernadores, plantea un compromiso de las provincias en avanzar con la exploración de sus recursos naturales. Pero aquí no está la llave. Si Rodolfo Suarez se vio obligado a hacer lo que hizo en 2019, cuando tuvo que volver sobre sus pasos en las modificaciones a la 7722, fue porque se murió de miedo. Hacía pocos meses había estallado la sociedad chilena y temió por un correlato de muertos aquí, en aquellas manifestaciones multitudinarias.
Hoy Cornejo tiene otras herramientas antes las protestas que se las da Milei. Es la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de no permitir los cortes de rutas y de calles que podrían convertirse en un condicionante para los asambleístas que, precisamente, tienen al tope de su manual de acciones a estos métodos de acción directa.
Pero esta realidad nacional promisoria no termina por hacer fácil la apuesta. El gobernador ensayó varias veces un “por ahora”, cuando lo consultaron en Canadá sobre la vigencia la 7722 y mostró sus cartas para persuadir que, más allá de la vigencia de la norma, se podía avanzar fuerte en la exploración y explotación del cobre bajo las actuales condiciones. Es cierto que hoy existen métodos de extracción que no requieren la utilización de sustancias que están prohibidas, pero no hay manera de extraer los óxidos de cobre sin la utilización de ácido sulfúrico. ¿Existen otros métodos experimentales para la extracción del cobre? Sí, por supuesto. Pero por el momento son ineficientes para el negocio. Quedó claro en Toronto: el ácido sulfúrico, prohibido en el artículo primero de la 7722, continúa siendo esencial para el cobre. Así como el cianuro para el oro. Y en eso el mundo minero no cambió.
La ley, además, le pone un freno más fuerte a los potenciales inversionistas que va más allá de las sustancias prohibidas. Y es el artículo tres, aquél que establece la obligatoriedad de que las declaraciones de Impacto Ambiental de cada uno de los proyectos tengan que ser aprobadas por la Legislatura. Aquí fue donde Cornejo buscó mostrarse fuerte políticamente ante las empresas en la feria.
Quedan otras cuestiones vitales para resolver en el futuro inmediato. Una de ellas es no dar pasos en falso, porque cada uno de ellos podría implicar un retroceso de años como ya se ha visto. Y mucho de eso está pensando en plantear Celso Jaque, que volvió a la intendencia de Malargüe y que respaldó sin dudar la creación del Distrito en su departamento. Pero con algunas advertencias. “La minería en el marco de la legislación vigente debe ser una realidad y celebremos la creación del Distrito Malargüe”, expresó, en una párrafo de su mensaje de apertura de sesiones en el Consejo que se dio el pasado jueves. Pero inmediatamente agregó: “Necesitamos que el engranaje que se está poniendo en funcionamiento funcione adecuadamente, que evitemos el rodamiento y el desgaste. Esto implica un trabajo mancomunado y finito entre el Gobierno provincial, el municipio y las empresas inversoras”. Lo que está diciendo, en otras palabras, que la implementación del Distrito tiene que ser impecable desde el punto de vista administrativo y no dejar dudas ni sospechas para que cumpla el objetivo que, en definitiva, es demostrar que las cosas se pueden hacer bien.
Pero para que esto efectivamente ocurra el Gobierno deberá superar el gran desafío que le ponen enfrente los reclamos ambientalistas que es el tema del agua. Y aquí, si se quiere, algunas cuestiones más accesibles que otras. El problema de la minería que expresan las Asambleas no es solamente la posibilidad de contaminación, sino la cantidad de agua que usa la actividad. Para revertir este último punto una realidad de siempre: el proyecto San Jorge de extracción de cobre en Uspallata, que fracasó en 2011 y que era de envergadura, tenía proyectado utilizar menos agua que la que usa una finca vitivinícola de tamaño medio de las centenares que abundan en Mendoza.
Pero la desconfianza principal está en los controles del Estado. Y aquí Cornejo deberá sortear una barrera compleja. No cayó nada bien entre los dirigentes ambientalistas el hecho de que el área de Energía sea en la actualidad quien además tenga bajo su órbita a la cartera de Ambiente. Es decir, que la misma lapicera del Estado que impulsa los proyectos tenga además la tarea de controlarlos y observarlos. En ese sentido algunos sectores están analizando accionar penalmente contra la ministra Jimena Latorre. No por la minería en este caso, pero sí por el petróleo. En una demanda que podría prosperar en estos días, acusan a la funcionaria de incumplir la Ley nacional 25.188 por una incompatibilidad aparente y un conflicto de intereses por ser, a su vez, ministra del área y representante de la provincia en el directorio de YPF.
El camino trazado es largo, mucho más largo del propuesto por Suarez hace cuatro años y sin éxito. La horizontalidad de las asambleas hace más compleja cualquier negociación con ellas que, además, han experimentado un recambio generacional con referentes aún más radicalizados. Cuentan empresarios del sector que estuvieron en Canadá que Cornejo se mostró muy decidido a avanzar ante los potenciales inversores y que logró consolidar una imagen de un gobernador con peso político en su provincia para tomar decisiones. Pero negocios son negocios: los tiempos de Mendoza no son los de aquellos que tienen pensado jugar su recursos y la ley 7722 es un condicionante para que realmente aparezcan los grandes jugadores de la industria. Mendoza se mostró en Canadá como que está queriendo volver al ruedo, pero que tiene el techo para el desarrollo que le impone la ley. Como una provincia que quiere cambiar, pero que aún no lo hizo aunque encaró un proceso que llevará tiempo. Y todo esto, si esta nueva jugada, que podría ser de las últimas, resulta bien.
Fuente: MDZol.com
