El mundo encara la transición energética para abandonar los combustibles fósiles y Mendoza está en una carrera más acelerada y obligada para cambiar su matriz de aprovechamiento de los recursos naturales no renovables: se agotó el petróleo y hay pocos recursos. El Gobierno de Alfredo Cornejo tiene una estrategia a largo plazo para ejecutar una política de explotación de los recursos naturales, en particular la minería. En ese camino, hay varias etapas. La primera de ellas no tiene que ver con la salida al campo, ni con la geología. Ese primer paso es discursivo: lograr que el enfoque de las discusiones sean sobre la producción y los proyectos y no acerca de los conflictos. “Mendoza no va a tener una política extractivista sin cuidados. Ese no es el enfoque de la minería o los recursos en el mundo. Es un trabajo a largo plazo, muy estudiado y donde se tienen en cuenta todos los usos, las restricciones y los procesos”, explica la ministra Jimena Latorre.
La segunda etapa es política y allí el gobernador se siente más cómodo por la mayoría que tiene en la Legislatura y cierto consenso que hay entre los intendentes. Allí la clave para el Gobierno es “aislar” a las zonas de Mendoza que se oponen radicalmente a la minería y concentrar todo solo en Malargüe. Eso es hacia futuro. Pero en 2024 el Gobierno deberá controlar que la mina Potasio Río Colorado, entregada a Minera Aguilar, cumpla con el plan de inversión para montar una planta piloto para extraer recursos y luego llegar a una inversión total de más de 1000 millones. Los tiempos están en marcha y las principales dudas son el acceso a la energía y la logística.
En el caso de la industria petrolera la situación es distinta. Las tensiones no están con la “gente”, sino con la naturaleza (por el agotamiento de los recursos) y con las empresas, principalmente YPF.
Para los próximos años, Cornejo tiene en mente que haya 8 proyectos de exploración minera aprobados y con inversión activa. Se trata del inicio de los procesos, por lo que la magnitud también puede ser de una escala menor al principio, pero relevante si se compara con la nula actividad que hay. En el petróleo, que al menos se mantenga la meseta de producción y, en el mejor de los casos, crezca. El potencial en esa industria es acotado y creen que en el mejor de los casos se puede llegar a un tope de un 20% de aumento, con todos los proyectos reactivados. Hay, igual, alguna expectativa con los resultados del piloto sobre la formación Vaca Muerta que realiza la petrolera estatal. Si arroja buenos resultados la ecuación futura podría ser distinta. Pero la urgencia en esa industria es negociar las 14 áreas que YPF dejará de lado para que no abandonen y se pierden empleos y producción.
El plan
El camino administrativo y político para impulsar la minería está en construcción. Según aseguran, buscarán transparentar los procesos porque hoy, por ejemplo, reina el secretismo y la especulación. Por eso harán público el padrón minero y quieren aprobar el nuevo Código de Procedimientos. En el camino van a aparecer las propias torpezas, como los malos antecedentes en el control minero que hubo en canteras, proyectos grandes y la falta de recursos para abordar esa industria.
La empresa estatal Impulsa Mendoza tiene casi listo la Manifestación General de Impacto Ambiental para el Distrito Minero Malargüe Occidental. Es un formato nuevo de propuesta, pues esa empresa no es la dueña de las propiedades mineras, pero será quien lo presente como un “consorcio”; como un pool de proyectos que comparten una zona geográfica y que tendrán los mismos estudios de base.
Según aseguran, hay un nivel de detalle importante porque se superpusieron todos los mapas, usos de tierra, riesgos y oportunidades. El “semáforo” incluye las zonas de cauces, glaciares y, por ejemplo, se excluyó la cuenca del río Atuel. Dentro del Distrito quedarán más de 240 cateos. Luego, cuando una empresa quiera explorar deberá presentar un aviso de proyecto. En caso de que se apruebe el nuevo código de procedimiento minero, también habrá plazos perentorios para invertir. Al menos esa es la promesa.
Del grupo de proyectos ubicado en Malargüe, la provincia aspira a que haya al menos 8 en ejecución en los próximos años, con una inversión total cercana a los 150 millones de dólares en 4 años. En la construcción discursiva el Gobierno corre el riesgo de construir una expectativa superior a las posibilidades reales. La minería es una industria con tiempos muy distintos a los políticos. Una mina productiva suele tener detrás un camino de no menos de 20 años de exploración, estudios e inversión.
Los 8 proyectos son para buscar cobre y la mayoría están en manos de las mismas empresas o personas, como la empresa Geometales.
Pero mucho antes que promocionar ese futuro, la provincia tendrá que controlar el proyecto de explotación que ya tiene aprobado y con el reloj corriendo: Potasio Río Colorado.
La empresa Minera Aguilar debe invertir 10 millones de dólares en los trabajos de ingeniería, logística y adecuación de la mina para producir a escala “piloto”. Ya debería haber contratado a 60 personas y estar en plena planificación. Ante la consulta de MDZ, fuentes cercanas a la empresa dijeron que están “en plazo” para el armado del proyecto de ingeniería. Minera Aguilar tiene el 88% del proyecto y el Estado, a través de Impulsa Mendoza, el otro 12%. Además de la infraestructura propia, PRC necesita energía eléctrica y gas para poder funcionar y allí está el principal desafío, así como la logística para transportar el mineral.
Fuente: MDZol.com
