La movilización del 30 de abril concluyó el plan de lucha resuelto por el Consejo Directivo de la CGT el 20 de marzo. El organismo, otra vez, tuvo que asumir que la estrategia dialoguista resultó un fracaso y que la actitud del gobierno los obligaba a confrontarlo.
Por eso, la decisión ineludible fue la de poner fecha al tercer paro general contra el gobierno antecedido por una movilización al Congreso en lo que configuró una jornada de lucha de 36 horas entre el 9 y el 10 de abril. El plan de lucha también incluyó la participación en la marcha del 24 de marzo y un acto que, por entonces, tenía fecha para el 1° de Mayo, día internacional de lucha de la clase obrera.
La base está
Esa tercera movilización se anticipó para el 30 de abril y, sin paro, logró una masividad inesperada para gran parte de la conducción cegetista y para el gobierno.
En rigor, la adhesión a toda esa fase del plan de lucha superó las expectativas. El paro del 10 de abril fue contundente y recogió una adhesión total en el sector público, los servicios, la industria y el transporte con la excepción de la UTA. Los trabajadores informales sumaron su repudio a pesar de la disponibilidad de colectivos que circularon vacíos por todo el país.
Así las cosas, quedó refutado el argumento que los líderes de la CGT sostuvieron durante gran parte de 2024 que aseguraba que el gobierno contaba con crédito entre la clase trabajadora y que, por lo tanto, ésta no estaba dispuesta a movilizar y resistir el ajuste. Resta conocer qué es lo que pretende hacer el triunvirato de la CGT con esa fuerza con la que dispone.
Encrucijada
En la jornada del 30 de abril no hubo acto ni oradores. La CGT tampoco realizó una conferencia de prensa posterior de balance y para dar a conocer sus siguientes pasos ante la intransigencia del gobierno. Si mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en un gesto que podría significar la elección de la vía electoral para confrontar con el gobierno nacional.
Por el momento, no hay fecha para un nuevo Consejo Directivo ni reunión de “mesa chica”. Fuentes de la CGT confiaron que “la semana que viene seguramente nos juntaremos a ver cómo sigue la historia”. A la vez adelantaron que “todavía no hay una mirada sobre acciones futuras, al menos de tipo gremial”.
La subestimación del gobierno sobre el alcance de la conflictividad social y su intransigencia frente a los principales reclamos, junto con el descontento por abajo que se ha puesto de manifiesto, ponen a la CGT en una encrucijada.
Reclamos sin respuesta
El Poder Ejecutivo podría ayudar a saldarla si, por caso y como dejó entrever más de una vez Héctor Daer, libera fondos para actualizar el bono de los jubilados que se encuentra congelado en $70 mil desde marzo de 2024. Lejos de avanzar en un gesto así, el gobierno prepara una nueva reforma que transformaría la jubilación en una asistencia estatal e impondría un nuevo sistema de reparto privado. A la vez, tanto el FMI como el gobierno quieren meter mano en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
En la reunión del Consejo del Salario Mínimo, el gobierno actuó de la misma forma. Lejos de reconocer el retroceso del orden del 30% en el poder de compra del haber, montó una nueva provocación al avalar la propuesta irrisoria que hizo la parte patronal. En los próximos días se conocerá el aumento por decreto.
La preocupación de la CGT también está puesta en los salarios. Las estadísticas oficiales reconocen una caída del poder adquisitivo de los salarios registrados del 4,9% con impacto especial en el sector público (-14,7%) y, más en particular, entre los empleados del Estado nacional y los docentes universitarios, cuya pérdida ronda el 34%.
En el caso del sector privado no registrado, la estadística oficial omite que tiene un descalce de cinco meses y que por eso, lejos del incremento del 30% que surge de los datos, se produjo un retroceso del 1,2%.
Para el sector privado registrado, el Indec muestra una supuesta recuperación del 0,59% en febrero con relación a noviembre de 2023 que se sostiene en la negativa a actualizar el Índice de Precios al Consumidor según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017 y continuar con la de 2004. Según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, esa decisión llevó a subestimar durante 2024 16 puntos de inflación, diferencia que agregó una pérdida de casi el 7% por encima de lo que perdieron con la inflación interanual del 117,8%, según un informe elaborado por el especialista Martín Rozada.
Además, el dato no incluye la pérdida registrada en los primeros tres meses del año por el techo del 1% a las paritarias que impuso el gobierno. En los gremios conducidos por los tres secretarios generales, los retrocesos fueron del 4,5% (Sanidad), 2,3% (Estaciones de Servicio) y 1,9% (Camioneros).
Hacia adelante, el escenario no muestra cambios en tanto, a pesar de la nueva escalada de precios y la devaluación en curso, las paritarias ya firmadas no solo no recuperarán lo perdido sino que profundizarán su retroceso en términos reales.
A esa situación se agrega la destrucción de puestos de trabajo registrados resultado directo de la política económica signada por el ajuste fiscal, la apertura comercial y el ancla cambiaria para la inflación. La estadística oficial (SIPA, de la Agencia de Recaudación) registró una pérdida neta de 49.500 puestos en el sector público, la destrucción de 124 mil en el privado, 21 mil en casas particulares y 375 mil bajas en el monotributo social.
La política de licuación de ingresos y despidos tuvo como correlato un retroceso en la participación de los salarios en el PBI de 1,5 puntos entre 2023 y 2024 que agrava la resignación de 8,4 puntos que se acumula desde 2017.
El gobierno, además, se comprometió con el FMI en avanzar con las reformas laboral, previsión y tributaria con el propósito de “compensar” el incremento en dólares del costo laboral, contracara de la política cambiaria antiinflacionaria.
Es cierto también que la CGT cuenta con una agenda no explicita de temas en la que se destaca la situación económica y financiera de las obras sociales. Quizá sea por ese lado donde el gobierno encuentre la llave para desactivar un nuevo plan de acción.
Fuente: Tiempoargentino.com
