Expusieron representantes de la CGT, la UIA y CAME, entre otros. Hay siete proyectos con estado parlamentario
La comisión de Legislación del Trabajo continuó hoy con la segunda reunión informativa en la que representantes del sector empresarial, sindicatos y académicos analizaron los diferentes proyectos de ley que promueven la reducción de la jornada laboral en la Cámara de Diputados.
En total se presentaron siete expedientes: cinco corresponden al oficialismo -Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza- y dos a legisladores de la oposición, impulsados por el socialismo (Enrique Estévez) y el Frente de Izquierda (Nicolás del Caño).
Todas estas iniciativas, que proponen jornadas que van desde las 36 horas semanales a las 40 sin reducciones salarial, aseguran que las empresas no se verán afectadas ya que la experiencia internacional indicaría que también se disminuye el ausentismo y los accidentes, y aumenta la productividad laboral.
Sin embargo, los representantes de las asociaciones empresariales e industriales se mostraron categóricamente en contra.
Juan José Etala, presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue el primero en exponer y planteó que “no es el momento adecuado para avanzar con este tema, dado que Argentina tiene un 40% de empleo informal”.
En esa línea, Etala planteó que antes de avanzar con una eventual reducción de horas sería necesario “estabilizar la situación económica”. Y también advirtió que podría tener efectos inflacionarios.
“Para bajar la jornada manteniendo los salarios la producción debería aumentar 33%. Si no compensa, el aumento de costos llevará a un aumento del precio de los productos. Por eso, en las actuales condiciones implica mayor informalidad y mayor inflación”, dijo.
Y concluyó: “No se genera empleo por ley, sino cuando las condiciones económicas lo permiten”.
Asimismo, Juan Pablo Diab, asesor del Departamento de Legales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advirtió que proyectos como estos, que calificó como “generales”, “no representan la realidad de cada sector”.
“Vemos con un poco de asombro proyectos que hablan de jornadas de 30 horas semanales y lo que proponen es tomar una persona adicional para cubrir el tiempo libre. ¿Cómo se conseguiría un trabajador para cubrir esas dos horas? Hay que ver cada actividad cómo es. ¿Cómo hace un vendedor de mostrador para ser suplido en dos horas? ¿Tiene que cerrar el comercio antes?”, se preguntó.
Marcelo Uribarren, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, coincidió en que no se puede discutir la reducción de la jornada laboral sin antes resolver problemas estructurales como la política económica, la informalidad y el nivel de empleo.
“Hoy, por ejemplo, no tenemos dólares para importar insumos para producir”, señaló.
Por su parte, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, descartó que se trate de una medida “electoralista” y recordó que la central obrera en el acto que realizó el 1 de Mayo había anticipado que este año trabajaría por la reducción de la jornada laboral.
En ese sentido, lamentó que el sector empresarial adopte posturas “terminantes” como decir que es de “imposible” aplicación.
“Un estudio que hizo la OCDE, muestra que México está tramitando la reducción, Chile tiene 45 y los demás están en 40 horas. Argentina figura con 48 horas, nos tiene que dar un poquito de escozor”, explicó.
A su turno, Mario Paco Manrique, secretario gremial de la CGT y secretario adjunto del SMATA, apuntó contra los empresarios: “Que digan que no están dadas las condiciones porque hay informalidad. ¿Quién la promueve si no es el empresariado?”
“Debemos estar preparados porque este país el año que viene va a tener un año de crecimiento y la economía se va a potenciar gobierne quien gobierne, y tienen que estar las herramientas para que ese crecimiento pueda sacar de la informalidad a millones de argentinos”, concluyó.
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