La CGT comenzó a negociar en reserva la posible reactivación del plan Procrear de modo tal de sacar de la parálisis no menos de 120 proyectos constructivos en todo el país que involucran más de 27 mil viviendas. La iniciativa parte de la base de la tirria del Gobierno contra la obra pública y en ese sentido plantea la transferencia de esas iniciativas a las provincias para su ejecución con fondos provistos por organismos internacionales.
El plan apunta a convencer a la administración libertaria con argumentos que van desde lo económico hasta lo electoral, y que prometen irradiar hacia gobernadores e intendentes en caso de contar con impulso en los meses previos a la votación. La puesta en marcha del proyecto genera un horizonte de 25 mil puestos de trabajo y, además, puede evitar la proliferación de múltiples “elefantes blancos” similares a la mole edilicia abandonada del barrio de Villa Lugano, alegan en la central obrera.
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El antecedente que ilusiona al sindicalismo
La búsqueda de la CGT tiene como antecedente la transferencia de Nación de planes de vivienda y de obras en rutas nacionales a Tucumán y Chubut, respectivamente. En septiembre del año pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó con los gobernadores Osvaldo Jaldo e Ignacio Torres sendos acuerdos que, en el caso de Tucumán, le transfirieron al distrito 2.716 viviendas del Procrear y dejó a su cargo la construcción de otras 1.787 del plan Casa Propia. En Chubut, el entendimiento representó la cancelación de una deuda que la provincia mantenía con la Nación por 100 mil millones de pesos a cambio del traspaso de obras en cuatro autovías nacionales.
Los sindicalistas iniciaron contactos múltiples para avanzar sobre esta línea. Las vías de financiamiento previstas son las propias de cada provincia, en el caso improbable de que puedan contar con esos recursos, o bien de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) a través de su vicepresidente corporativo, el peronista Christian Asinelli.
Para hacerlo viable, cuentan, además, con la eventual colaboración del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que desde el inicio de su gestión se mostró como un eventual aliado de la CGT. De hecho, fue el “Colo” quien puso la firma, junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a un decreto que corrigió uno anterior de Federico Sturzenegger con una reglamentación de la reforma laboral que prometía un ataque letal sobre las estructuras financieras de los sindicatos mayor al previsto en la propia ley.
Sólo en la provincia de Buenos Aires se calcula que hay no menos de 70 proyectos paralizados con 15 mil viviendas. En algunos casos con niveles de ejecución cercanos al 50% y que, producto del freno desde hace casi tres años, amenazan con convertirse en ruinas a cielo abierto si no son terminados. De hecho, el posible interés de Santilli por ser candidato a gobernador bonaerense puede darle a la CGT otro elemento de seducción en su charla con el jefe de Gabinete.
Buena parte del impulso del proyecto corre por cuenta del jefe de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, uno de los gremios más perjudicados por el modelo económico de Javier Milei y que sin embargo conserva los mayores puentes de comunicación con la administración libertaria. Martínez, una suerte de “canciller” a cargo de las relaciones internacionales de la CGT, se propone activar para este plan el vínculo con los gobernadores vía el Consejo Federal de Inversiones (CFI) así como con funcionarios y posibles financistas.
Ya Caputo había reconocido la obra pública y el crédito hipotecario como dinamizadores de la economía al lanzar líneas en agosto pasado. En esa oportunidad llegó a mencionar la “justicia social” como un valor, algo que para Milei se trata de una “aberración”.
Fuente:www.eldestapeweb.com
