El gobernador Alfredo Cornejo pone a prueba una de las principales iniciativas de su segunda gestión: el plan de exploración minera para buscar cobre en Malargüe. Esta semana será emitida por el Poder Ejecutivo la Declaración de Impacto Ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental a través de una resolución conjunta y de manera inmediata será enviada a la Legislatura para su ratificación, tal como lo ordena la ley 7722. El Decreto de Cornejo buscará la aprobación para los 34 primeros proyectos de exploración, una medida inédita. Es que hasta ahora se consideraba que cada proyecto minero debía ser evaluado y aprobado de manera individual. Para ahorrar pasos políticos, el gobierno agrupó todo en el Distrito Malargüe.
La DIA aprobará los 34 proyectos, pero con una extensa lista de condicionamientos. Hay 62 cláusulas obligatorias que son parte del dictamen realizado luego del proceso de evaluación ambiental. Pero se tomarán todas las recomendaciones de los dictámenes sectoriales. Allí se incluyen las advertencias de Irrigación. el IANIGLA, el IADIZA, la Municipalidad de Malargüe y varios organismos más.
Aunque la minería es una actividad productiva basada en el trabajo de campo, el avance de ese plan tiene principalmente un objetivo político: cambiar el enfoque de Mendoza sobre la minería. Para Cornejo en particular es un desafío por los traspiés de sus antecesores. Celso Jaque recibió el rechazo de San Jorge, Francisco Pérez tuvo un duro revés con Potasio Río Colorado por el abandono del proyecto y Rodolfo Suarez tuvo que retroceder con el cambio de la 7.722. Claro que fue el propio Suarez el que resetear todo y quien creó Impulsa Mendoza, la empresa estatal que es usada como instrumento para ejecutar la minería en Mendoza.
Cornejo cosechó la experiencia de Impulsa Mendoza y, con el mismo equipo nacido en IMPSA (liderado por Emilio Guiñazú), que estuvo en su gestión en energía, que pasó por Potasio Río Colorado estatal y quedó en Impulsa, ejecutó el plan para sectorizar la promoción de la minería en una zona de 20 mil kilómetros cuadrados en el Sur de Mendoza. En el medio, hubo un boom de registro de propiedades, transacciones «inmobiliarias» y promoción del área afuera de la provincia.
El primer paquete incluye 34 proyectos, pero luego vendrá una ola mayor de pedido de autorizaciones. En el Gobierno esperan que al menos un puñado de esas empresas ejecute un plan de prospección esta temporada. El Informe de Impacto Ambiental plantea escenarios teóricos. En ese esquema pone como aspiración máxima que haya 8 proyectos de exploración de manera simultánea. Cerca de la zona habrá esta temporada 2 proyectos que son independientes de los planes del Gobierno: Cerro Amarillo y Las Choicas.
Condicionados
El artículo 3 de la ley 7.722 indica la obligatoriedad de la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental de cualquier proyecto minero metalífero. Incluso lo exige para los trabajos iniciales de prospección y exploración. «Para los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley», dice la norma sancionada en 2007. Ese es quizá el artículo más cuestionado puertas adentro del Gobierno porque lo consideran «obstructivo». En efecto, los proyectos mineros han tenido más objeciones en la Legislatura que en ámbitos ejecutivos.
La vía que encontró Cornejo para flexibilizar el artículo 3 de la ley 7722 es «agrupar» los proyectos en una sola DIA, un plan sui generis que obliga a reinterpretar la ley. El Distrito Malargüe fue tomado como un todo, aunque adentro hay diversidad de intereses, empresas, proyectos y dificultades. La empresa Impulsa Mendoza es la que lo presentó, tomando como mascarón de proa el proyecto El Seguro. La misma compañía estatal financió el Informe de Impacto Ambiental, que fue un mega proyecto bibliográfico que recibió una gran cantidad de sugerencias y advertencias por la información faltante, sobre todo sobre el recurso hídrico. Si querían ser parte del plan, los propietarios de los proyectos que quedaron enmarcados en el Distrito debían adherir a través de un formulario e Impulsa adjuntaba el IIA particular.
La DIA debe ser emitida a través de una resolución conjunta de Ambiente y Minería. Esa disposición incluirá una larguísima lista de condicionantes y tareas a realizar por parte de las empresas que efectivamente hagan exploración. La Dirección de Minería estableció que «previo al inicio de cualquier actividad en el terreno del proyecto, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones establecidas en los Dictámenes Técnico y Sectoriales incorporados en el expediente». Adhieren así a las advertencias ambientales, sociales y económicas que fueron sumados. Además, hay otros 61 puntos que resaltan desde Minería. Desde Protección y Saneamiento Ambiental también ponen como condición inicial «dar cumplimiento a los requerimientos expresados en la «GUÍA DE PRESENTACIÓN PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS, SUS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL Y PROGRAMAS DE MONITOREO PARA LOS PROYECTOS DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN MINERA EN LA PROVINCIA DE MENDOZA». Y adjuntan una lista de pautas de manejo en las áreas de trabajo.
Algunos de los cuestionamientos que se hicieron tienen que ver con la falta de especificidad de la propuesta, pues se mencionan trabajos marco en zonas amplias, sin determinar con precisión dónde y cómo explorará cada propietario. El agua es otro de los cuestionamientos: aunque no se prevé el uso de grandes cantidades, sí se menciona la falta de estudios específicos sobre los acuíferos, así como el origen del agua a utilizar. Por eso se prohibirá en la DIA el uso de agua sin autorización previa de Irrigación.
Hay tres documentos clave. Uno es el dictamen de la Dirección de Minería. El otro, el de Protección Ambiental. El tercero es específico y multiplicado por 34: son las especificaciones de cada proyecto. Además se elaborará un Plan de Manejo que las empresas deberán respetar.
Fuente: MDZol.com
