Quien vive en un barrio marginal y cobra un salario mínimo, en una parte de su consumo, ya paga el mismo precio que el de una familia muy adinerada.
Un usuario de luz y gas muy pobre puede tener que pagar por ese servicio exactamente el mismo precio que otro muy rico. Esta inequidad, que ni siquiera los libertarios más entusiastas se atreven a defender públicamente, es consecuencia de un esquema tarifario de transición al que apeló el gobierno de Javier Milei para apurar la quita de subsidios, que el año que viene le representaría a la Nación un ahorro 4.000 millones de dólares.
El paso de un sistema en el que el Estado paga una porción importante de la tarifa a otro en el que el consumidor afronte íntegramente esa carga es complejo, políticamente costoso y no exento de contradicciones.
El decreto 467 liberó las manos de la secretaría de Energía para avanzar en ese sentido, sin desmantelar de cuajo el esquema de segmentación tarifaria diseñado por la gestión anterior, que fragmenta a la población en tres: N1 (más de $3,3 millones de ingreso mensual); N2 (menos de $960 mil); N3, franja intermedia.
Esa norma elimina topes para aumentar las tarifas, desvinculándolas de la evolución de los salarios. Hasta julio, los consumidores de ingresos bajos y medios no podían afrontar aumentos por encima del 40 u 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), tope que dejó de existir.
También le dio a Energía la libertad de definir en cualquier momento nuevos parámetros para encuadrar a los usuarios en una u otra categoría, con el explícito objetivo de reducir el segmento protegido.
Y, adicionalmente, erradicó la posibilidad de que los más pobres tengan su consumo íntegramente subsidiado. Desde hace tres meses, y al igual que los ciudadanos que están en “clase media”, si un pobre demanda más de 350 kilowatt en un bimestre pagará tarifa plena por el excedente. Algo similar a lo que ocurre con el gas por redes, donde esos topes cambian por subzonas y meses del año.
En línea con la discrecionalidad que habilita el decreto, se afirma que las autoridades tendrán en cuenta la situación bioambiental a la hora de concretar los retoques tarifarios. Pero eso no es garantía de que quien vive en un barrio marginal y cobra un salario mínimo, no termine destinando a esos servicios una alta proporción de su ingreso porque, al menos una parte de su consumo, tiene hoy el mismo precio que el de una familia muy adinerada.
Sin mencionar situaciones particulares de alta demanda, muy ajenas al derroche o manifestación de riqueza. Como el típico caso de un hogar humilde que no tiene acceso a la red de gas natural y utiliza electricidad también para calefaccionarse.
Esta injusticia se consagra con los ajustes del valor propiamente dicho del producto, sólo uno de los componentes de una factura. Pobres y ricos ya están equiparados en el costo de transporte y distribución, que para los consumos residenciales tuvieron incrementos en promedio superiores al 640% para gas y casi 300% para luz en lo que va del año.
La administración libertaria repudia el concepto teórico de justicia social pero sabe imprescindible una tarifa social que concentre la ayuda estatal en un sector de la población más necesitada.
La dificultad del ministerio de Luis Caputo es la misma que afrontaron los administradores previos: encontrar una vara ecuánime para delimitar la ayuda del Estado sólo a quienes realmente la necesitan. El desafío es mayor cuando, al mismo tiempo, se quiere mejorar el negocio de las prestadoras privadas y erradicar las subvenciones energéticas.
Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, los fondos nacionales que sirven para cubrir una parte del costo mayorista de los servicios energéticos se reducirá a la mitad, de 1 punto del PBI este año a 0,5% el próximo.
Una estimación de especialistas en materia presupuestaria indica que se trata de 4 billones de pesos, es decir, unos 4.000 millones de dólares menos.
El número puede variar levemente según el tipo de cambio, pero la determinación política reducir el esfuerzo fiscal es inamovible.
Los precios totales en las facturas pueden estar alineados con la inflación un mes, ganar o perder el otro, pero están condenados a seguir subiendo.
Al dinero de los subsidios se añaden los fondos destinados a obras que, en el ejercicio fiscal del próximo año, sumarán 867.000 millones de pesos. Aproximadamente un 80% de ese número irá a Enarsa, encargada de ejecutar algunas obras estratégicas para evacuar el gas de Vaca Muerta.
Quién pagará emprendimientos necesarios para que Argentina extienda a todo su territorio las redes de gas natural y aumente su oferta de electricidad es una cuestión sensible y aún opaca.
El Estado no tiene fondos disponibles para emprendimientos y, filosóficamente, el Gobierno no está de acuerdo con alimentar el sistema de obra pública convencional.
La secretaria de Energía, Maria Tettamanti, posiblemente sostenga la idea de su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, de aplicar el sistema de iniciativa privada para obras clave como nuevas líneas de transmisión eléctrica, imprescindibles si se quiere generar más para atender una demanda que crecerá si se recomponen los ingresos reales y se anima la producción industrial.
Las tarifas energéticas siguen en una larga transición, con subas a cuenta, en un escenario legal difuso que no permite proyectar con claridad los montos de próximas facturas ni tomar la boleta de un vecino como referencia.
El 31 de diciembre es la fecha límite prevista para terminar con una revisión tarifaria integral (RTI) en marcha de las distribuidoras eléctricas del Area Metropolitana, que debería aplicar nuevos parámetros para fijar los precios y actualizarlos en un futuro, consolidando un esquema por varios años.
La ley vigente prevé realizar periódicamente estos procesos, en los que los administradores públicos se sientan con las empresas del segmento regulado (transporte y distribución) para acordar las fórmulas tarifarias.
Pero la inestabilidad macro económica y las diferentes visiones políticas de los interlocutores estatales convirtieron esos acuerdos de rutina en una proeza difícil de lograr.
Este fin de año seguramente habrá un clima poco amigable para migrar de un modelo con auxilio estatal a otro de tarifas plenas. No se descartan cortes de luz por un sistema estresado por la alta demanda para refrigerar, en el medio de un ciclo de aumentos importantes.
Los medidores inteligentes, con los que la cordobesa distribuidora Epec hizo punta, podrían ser un recurso útil para auto regular el consumo, en particular si se pudieran aplicar tarifas diferenciadas por horario, abaratando los servicios cuando hay menos demanda.
Pero esta herramienta moderna, útil para fomentar el ahorro y proteger la economía doméstica, aún suena a ciencia ficción en Capital y Conurbano, el área más poblada del país, atendida por Edenor y Edesur.
La discusión con los funcionarios que siguen el derrotero de los segmentos regulados (transporte y distribución) se atasca a la hora de definir quién y cuándo pagará los 110 dólares que cuesta cada aparato.
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