Este lunes, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió con el futuro ministro del Interior, Diego Santilli y entre los temas que trataron, el mandatario sanjuanino señaló la ponderancia de la actividad minera de San Juan. Pero más importante aún, el papel que juega una legislación como la Ley de Glaciares que supone un «gris» para el desarrollo de proyectos mineros como El Pachon, en Calingasta y también en el distrito Vicuña.
La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N.º 26.639), conocida comúnmente como la Ley de Glaciares, se ha consolidado como la principal fuente de conflicto y debate en el desarrollo de la minería metalífera a gran escala en Argentina.
Esta normativa, sancionada con el objetivo de preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, establece una prohibición directa de actividades exploratorias y extractivas, incluyendo la minería, en estas áreas sensibles. La ley exige que el Inventario Nacional de Glaciares (IGN) determine qué áreas están bajo protección, un proceso que ha sido lento y objeto de disputas legales.
El impacto de esta legislación es particularmente notable en los proyectos de explotación de cobre y oro situados en la Cordillera de los Andes. Grandes yacimientos de alto valor económico, especialmente en provincias como San Juan y Mendoza, se encuentran parcial o totalmente solapados con las áreas identificadas como periglaciares.
Para la industria minera, la ley representa una barrera legal que ralentiza o suspende proyectos multimillonarios. El argumento central de las empresas y de algunos gobiernos provinciales ha sido que la ley es inconstitucional por inmiscuirse en la jurisdicción de los recursos naturales provinciales, o que su aplicación ha sido excesivamente amplia, afectando zonas donde la actividad minera puede ser controlada sin dañar el ecosistema glacial.
“La Argentina tiene tres motores fundamentales: los granos, Vaca Muerta y la minería. En este contexto de oportunidades que nos da el mundo, hay dos minerales críticos: el litio, que es táctico, y el cobre, que es estratégico”, mencionó Orrego tras la reunión.
El Gobernador recordó que de los diez proyectos de cobre que existen en el país, seis se encuentran en San Juan, muchos de ellos en etapa avanzada.
Sin embargo, advirtió que todavía falta resolver un punto clave: la reglamentación de la Ley de Glaciares. “Es necesario concluir con ese circuito y definir que sean las provincias las autoridades de aplicación. Eso le daría claridad a la actividad minera y previsibilidad a las inversiones”, remarcó.
