Santa Cruz avanzó en la implementación del modelo 90/10, una iniciativa que busca que el 90% de la mano de obra en industrias estratégicas provenga de la región, dejando solo un 10% para cubrir necesidades técnicas específicas. La medida, establecida mediante la Ley Provincial N° 3.141 y recientemente reglamentada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, apunta a consolidar la participación de trabajadores santacruceños en sectores clave como la minería, hidrocarburos y pesca.
Qué implica el modelo 90/10
Según la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las empresas deberán inscribirse en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) y cargar información cada 30 días sobre nóminas y porcentaje de trabajadores locales con residencia mínima de seis años. En caso de incumplimiento, se podrán aplicar sanciones contempladas en la Ley Provincial N° 2.450, garantizando siempre el derecho de defensa de las compañías locales.
El respaldo de los proveedores mineros de Santa Cruz
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), que la considera una oportunidad para fortalecer el “Compre Local” y asegurar que la renta generada por la minería circule en la provincia. Según CAPROMISA, el objetivo es garantizar que las pymes locales tengan prioridad efectiva en las licitaciones y contratos de servicios de mantenimiento, logística y suministros.
“Con un mercado asegurado por ley, las pymes santacruceñas pueden invertir con mayor confianza en tecnología y capacitación. Este esquema busca consolidar un ecosistema industrial robusto que no solo sirva a la minería actual, sino que desarrolle capacidades técnicas competitivas a largo plazo para toda la región”, afirmaron desde la Cámara.
Amadeo Gravino, presidente de la entidad, sostuvo en las redes sociales que la minería en la provincia ha operado históricamente bajo un modelo de «baja densidad territorial».
«Gran parte de la cadena de valor quedó en manos de actores que no construyeron arraigo. Muchos proveedores y trabajadores siguen la actividad, no el territorio; cuando aparecen mejores condiciones en otra provincia, simplemente se trasladan», señaló Gravino.
Para el dirigente proveedor, la ley 90/10 no es un capricho discriminatorio (que deja afuera a los trabajadores de provincias vecinas), sino una barrera contra el «vaciamiento de capacidades» ante el surgimiento de nuevos polos mineros en el resto del país.
La entidad también propone reformar la Ley de Proveedores para evitar la contratación de empresas externas en rubros donde ya exista capacidad instalada local, estableciendo mecanismos de control más estrictos y un registro transparente que facilite el cumplimiento del cupo del 90%.
Con esta reglamentación, la autoridad laboral provincial intensificará los controles y acompañará a las empresas en la adecuación de sus procesos, con metas claras de empleo local y sanciones ante incumplimientos, en un esfuerzo por consolidar un modelo productivo más equitativo y con mayor participación de la comunidad santacruceña en el desarrollo de su territorio.
La posición de la Cámara Minera (CAMICRUZ)
Sin embargo, la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) advirtió que, aunque comparte la meta de incrementar el empleo local, la implementación inmediata del 90/10 es “de difícil cumplimiento” en el contexto actual de yacimientos maduros que requieren previsibilidad.
“Hoy las empresas mineras superan el 90% de empleo local en el segmento de operarios mineros. Sin embargo, alcanzar ese mismo porcentaje en la totalidad de la nómina exige condiciones estructurales que aún deben fortalecerse: infraestructura, servicios y formación especializada”, señaló CAMICRUZ.
El sector alertó que las medidas pueden desalentar la inversión, generando incertidumbre y reduciendo la competitividad frente a otras provincias y países con marcos regulatorios más flexibles y estables.
“Los inversores nacionales e internacionales tienden a priorizar entornos donde las reglas fomenten la generación de valor y empleo, no donde se limite artificialmente la capacidad de gestión y contratación”, señalaron.
Recordaron que la minería representa actualmente 0,6% del PBI argentino y podría crecer al 3% en una década, con proyectos que requieren entre USD 3.000 y 4.000 millones de inversión inicial por cada emprendimiento de gran escala. Santa Cruz concentra más del 50% de las exportaciones auríferas y argentíferas del país, y las restricciones actuales podrían afectar ese liderazgo.
Riesgos operacionales y educativos
CAMICRUZ también subrayó que la formación técnica es clave y no puede sustituirse con cupos legales. “La minería y otros sectores demandan perfiles altamente especializados que requieren años de formación técnica y práctica. Pretender cubrir estas necesidades mediante una imposición legal, sin que exista el capital humano previamente formado, genera riesgos de seguridad, productividad y sostenibilidad”, alertaron.
Actualmente, un operario de planta necesita entre 2 y 3 años de formación y entrenamiento en seguridad antes de alcanzar estándares internacionales, mientras que en Santa Cruz el índice de deserción escolar en nivel medio es cercano al 45% y solo uno de cada diez estudiantes egresa con orientación técnica, según estadísticas de 2023. Esto deja un 20% de vacantes técnicas sin cubrir localmente, situación que podría agravarse con un cupo legal rígido.
Camino sostenible para el empleo local
El empresariado minero enfatizó que el verdadero motor del empleo local es la inversión privada. “Sin inversión no hay proyectos, y sin proyectos no existen puestos de trabajo, ni para trabajadores locales ni para contratistas de la provincia. La elevación del cupo al 90% puede tener consecuencias adversas para el desarrollo productivo, ya que las restricciones excesivas envían señales negativas para los inversores”, alertaron.
Por eso, las empresas proponen que el gobierno combine la política de empleo local con alianzas en capacitación y un clima de negocios competitivo, lo que ya ha demostrado ser eficaz: “Cada empleo directo genera entre 3 y 4 empleos indirectos y, según el Banco Mundial, cada dólar invertido genera entre 2 y 3 dólares adicionales en la economía local. Esta dinámica ha permitido la creación de más de 400 pymes proveedoras locales en la provincia”.
Santa Cruz enfrenta ahora el desafío de armonizar el modelo 90/10 con la necesidad de inversión y desarrollo industrial, garantizando empleo local sin comprometer la competitividad ni la sostenibilidad de sus yacimientos.
Fuente: ambito.com
