A poco más de un año de su implementación, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las apuestas principales de la política económica del gobierno de Javier Milei, no logra consolidarse como el instrumento que imaginó el Ejecutivo para atraer inversiones.
Concebido como un marco normativo destinado a atraer capitales superiores a los 200 millones de dólares, el RIGI ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de gran alcance, con vigencia de treinta años. Su finalidad explícita es destrabar inversiones estratégicas, generar empleo y dinamizar las exportaciones. Sin embargo, los primeros balances exhiben un panorama complejo, donde la única inversión que avanza es la que hace el Estado a través de YPF, mientras que el resto quedan en anuncios o trabas burocráticas, y las admitidas fuera del ámbito energético parecen estar congeladas. A esto se suman cuestionamientos económicos, políticos y sociales.
Son algunas de las conclusiones del primer informe del Observatorio RIGI, integrado por media docena de organizaciones sociales, científicas y universidades.
RIGI: Una arquitectura normativa para el capital
El régimen se apoya en tres pilares básicos: la reducción impositiva, la exención de aranceles de importación y la flexibilización en el acceso a divisas. A ello se suma la figura del Vehículo de Proyecto Único (VPU), que exige a los inversores ejecutar al menos el 40% del desembolso comprometido en los dos años posteriores a la adhesión, y la obligación de realizar compras a proveedores locales en un porcentaje aún acotado. En conjunto, se trata de un esquema de garantías jurídicas y económicas para los inversores, que aspira a instalar previsibilidad frente a eventuales cambios regulatorios o tensiones políticas internas.
Entre agosto de 2024 y agosto de 2025 se presentaron 19 proyectos por más de 30.000 millones de dólares. De ellos, siete obtuvieron aprobación, uno fue rechazado y el resto continúa en evaluación. En total, los proyectos autorizados representan inversiones por más de 13.000 millones de dólares, con promesas de generar alrededor de 1.600 empleos directos y unos 8.000 indirectos.
Concentración sectorial y territorial
El balance del Observatorio del RIGI, conformado por instituciones académicas y de la sociedad civil, muestra que el 95% de las inversiones comprometidas se concentra en minería e hidrocarburos. Los proyectos abarcan desde explotaciones de litio y cobre hasta obras de infraestructura vinculadas a la expansión exportadora de Vaca Muerta. En menor medida, aparecen iniciativas en energías renovables y siderurgia.
La distribución territorial de los proyectos refuerza este sesgo: San Juan, Río Negro y Catamarca absorben más del 80% de los capitales comprometidos. De este modo, mientras unas pocas provincias se convierten en receptoras de inversiones de gran escala, vastos sectores productivos y regiones del país quedan al margen del régimen.
El rol central de YPF
Uno de los aspectos más llamativos es el protagonismo de YPF. Pese al discurso oficial de corte antiestatista, la petrolera nacional participa en tres de los siete proyectos aprobados, entre ellos el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y la planta flotante de licuefacción de gas en Río Negro. En todos los casos, la empresa actúa en asociación con multinacionales como Shell, Chevron o Harbour Energy.
Esta centralidad revela una paradoja: un programa que pregona menor intervención estatal depende, en los hechos, de una empresa pública para motorizar inversiones y sostener la estrategia exportadora. Para analistas críticos, esta dinámica refuerza la dependencia estructural de la economía argentina respecto de la renta energética.
Impacto real o un nuevo relato
Más allá de las cifras, el Observatorio advierte que el RIGI consolida un modelo extractivo-exportador con escasa articulación hacia cadenas de valor locales. Los beneficios tributarios y cambiarios no se traducen en contrapartidas significativas en materia de empleo ni en garantías de desarrollo regional sostenido.
Dilemas fiscales y jurídicos
El régimen plantea también interrogantes fiscales. Al otorgar amplias exenciones y facilitar la repatriación de utilidades, podría reducir los ingresos tributarios y tensionar las cuentas públicas. Algunos especialistas alertan sobre el riesgo de una “carrera hacia abajo” en materia impositiva, que debilite la capacidad del Estado para financiar políticas sociales e infraestructura.
En paralelo, la habilitación de controversias en tribunales internacionales como el CIADI reaviva el debate sobre la soberanía regulatoria. La experiencia histórica de Argentina en este terreno muestra que las demandas de inversores pueden derivar en juicios costosos y limitar la capacidad del país para ajustar normas en defensa de sus intereses ambientales, sociales o económicos.
Perspectivas abiertas
El futuro del RIGI dependerá no solo de la evolución de los proyectos en curso, sino también de factores externos como los precios internacionales de las materias primas, la estabilidad política local y la capacidad de las empresas para cumplir los compromisos asumidos. El año electoral agrega incertidumbre respecto de la continuidad del esquema y de eventuales revisiones futuras.
En todo caso, el régimen plantea un dilema de fondo: ¿puede la Argentina atraer inversiones de gran escala sin sacrificar la equidad fiscal, la protección ambiental y la participación democrática?
Más allá de las diferencias ideológicas, la pregunta central para los próximos años será si el RIGI puede convertirse en un instrumento de desarrollo sostenible o si quedará como la expresión más acabada de un “libertarismo regulatorio” que promete prosperidad mientras transfiere riesgos y costos a la sociedad y al ambiente.
Fuente: sitioandino.com.ar
