La CGT convocó de urgencia para esta tarde a los referentes gremiales del consejo directivo para analizar el impacto de los anuncios que hizo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. Por ahora, manda la prudencia en las distintas tribus, incluso en las más identificadas con el kirchnerismo. A los caciques sindicales no les sorprendió el drástico recorte anunciado por la gestión de Javier Milei en el gasto público como tampoco la quita de los subsidios o la posibilidad de modificar las leyes vinculadas a las jubilaciones o el impuesto a las ganancias. Sí, en cambio, les llamó la atención la falta de precisiones de la hoja de ruta que expuso el funcionario.
“La gente acompañó con su voto a este gobierno y sabía de qué se trataba. Nosotros vamos a ser prudentes y a esperar la reacción de la sociedad. No conocemos los detalles y hubo falta de profesionalismo en la puesta en escena. Estamos viendo que el ajuste no se va a hacer sobre la casta sino sobre los trabajadores y los jubilados”, dijo a LA NACION Gerardo Martínez, jefe de la Uocra. Martínez será el anfritrión del encuentro de hoy. Es probable que la CGT se mantenga en la mesura y se plante con un duro documento con advertencias. Por ahora, no habría fisuras internas en cuanto a esta estrategia.
El sector más dialoguista de la CGT, que lo integran “los Gordos” y los autodenominados “independientes”, ya abrió un canal de negociación con los libertarios. Incluso, antes de la asunción, hasta se generó un intercambio directo con el presidente electo, según aseguraron dirigentes de ambas orillas. A través de sus ministros Guillermo Francos y Guillermo Ferraro, principalmente, pero también mediante diputados nacionales con nexos gremiales, Milei les habría hecho llegar un mensaje conciliador al ala dialoguista de la CGT: la reforma laboral será más light de lo planificado; los contratos de obra pública vigentes se mantendrían al igual que el plan Procrear, y no se tocarían las obras sociales ni la ley de Asociaciones Sindicales, la viga maestra en la que los gremios peronistas sostienen su poder casi exclusivo de representación en negociaciones y conflictos salariales. En estos puntos por ahora no habría cambios.
Generó asombro y significó un golpe la licuación que se prevé para los planes sociales, sobre todo para el Potenciar Trabajo. Aquí se abre una brecha entre la CGT, que representa a trabajadores registrados, y los movimientos sociales, que nuclean a los informales. En algunas semanas lo que los podría unir es la convocatoria al Consejo del Salario para actualizar el salario mínimo, vital y móvil, que es hoy de $156.000. Una de las estrategias de Omar Yasin, el nuevo secretario de Trabajo, quizás sea pisar la actualización para que de esa manera no se indexen las paritarias. Lo mismo que anunció ayer Caputo con los montos del Potenciar Trabajo. Un dato: el salario mínimo es una referencia para el monto de los planes sociales, haberes jubilatorios y para el seguro de desempleo. Con los salarios podría suceder lo mismo que con los indicadores de la ley de presupuesto: que se los devore la inflación. “Nos garantizaron que las paritarias no se interrumpirán”, dijo un dirigente de peso de la CGT que mantuvo diálogos con los libertarios y con las nuevas autoridades del área laboral.
Las dos vertientes de la CTA, menos cautelosas y también menos representativas que la CGT, ya presionan en cambio por una medida de fuerza para poner la guardia en alto. Incluso, en su retórica se muestran más combativas.
La CTA Autónoma, que lidera Hugo Godoy, reunirá hoy a sus autoridades para analizar las medidas. Rodolfo Aguiar, jefe de ATE Nacional, ya dio una pista del tono del encuentro. “El aval electoral no fue para castigar al pueblo, sino a los privilegiados. Fue para resolver los problemas del pueblo que son la inflación y la pobreza, no para aumentarlos”, dijo el jefe de ATE nacional, uno de los gremios de la administración pública que mañana podría definir un reclamo sectorial para rechazar los recortes anunciados en su área. Preocupa la revisión de los contratos, sobre todo. “Hay unos 64.000 empleados estatales que están en peligro. Hubo un incumplimiento de la gestión actual en la regularización de muchas personas”, señaló Aguiar a LA NACION.
La CTA de loa Trabajadores, que encabeza el diputado kirchnerista Hugo Yasky, también se declaró en alerta y puso la guardia en alto. “Están abriéndole la puerta a una hiperinflación que no estaba en el escenario real de la economía. De esto resultará una transferencia fenomenal de riqueza de la enorme mayoría del pueblo a los oligopolios, los agroexportadores y el sector financiero. Ahora descubrimos que la casta eran los jubilados, los empleados públicos, los trabajadores, en definitiva, el pueblo argentino”, expresó Yasky en un comunicado.
Y agregó: “Esto generará un brutal hundimiento de los ingresos de toda la población que, sumado a una fuertísima retracción del gasto público que incluye desde recortes salariales, despidos, cierres de programas y congelamiento de salarios y programas sociales redundará en una fenomenal espiral recesiva que afectará a toda la actividad económica generando desocupación y más pobreza. Es evidente que con este rumbo la luz al final del camino es una frase de ocasión para tratar de esperanzar a las víctimas de lo único que saben hacer bien, cortar siempre el hilo por lo más delgado”.
En el ajedrez sindical, Yasky juega en tándem con el sector kirchnerista de la CGT, referenciado en Sergio Palazzo, Mario Manrique y Pablo Moyano. El bancario Palazzo, por su cuenta, marcó su postura con un mensaje de su gremio al que tituló “Salvajes”.
Lanación.com
