La Procuraduría General de la Nación señaló que al año se roban al menos dos toneladas de oro al país, que serían comercializados ilegalmente para financiar estructuras ilícitas
Buriticá, Antioquia, se encuentra en el centro de un conflicto que involucra minería ilegal, una multinacional china y preocupaciones ambientales. La escalada de eventos violentos en la región ha generado alarma y la solicitud al Gobierno nacional para que intervenga de forma inmediata.
Y es que este conflicto se ha agravado en el transcurso del último mes en ese municipio, con personas dedicadas a la minería ilegal ingresando a los túneles de Zijin Continental Gold, una compañía multinacional china que cuenta con la licencia para la explotación de oro en la zona.
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El intento por quedarse con una de las más importantes minas de oro del país se ha traducido en detonaciones y disparos, que han afectado tanto a trabajadores como a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, el pasado 1 de octubre se registraron cerca de 51 explosiones y 110 disparos, según reveló El Tiempo, y se informó en redes sociales que aproximadamente 100 mineros informales quedaron atrapados en los túneles de la compañía, dando lugar a acusaciones de que Zijin podría estar detrás de los disparos.
En respuesta a la grave situación de orden público, la Procuraduría General de la Nación intervino y le solicitó al Gobierno de Gustavo Petro tomar medidas inmediatas para restaurar el orden público en la región. La entidad expresó su preocupación por la seguridad de las personas y los recursos hídricos, ya que se ha derramado material minero en una quebrada local.
“Reiteramos el llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional para que tomen las medidas necesarias, urgentes y céleres para restablecer el orden público en el municipio y conjurar esta problemática”, destacó el procurador delegado Javier Sarmiento hace unos días.
Entretanto, desde la Alcaldía de Buriticá, en cabeza de Hernando Graciano, se ha desplegado un equipo en colaboración con el Cuerpo Oficial de Bomberos para abordar la situación. Además, se ha propuesto la creación de un corredor humanitario como una posible solución para eventos similares.
“El municipio desplegó todo su accionar con el apoyo del comité municipal de gestión del riesgo para atender la emergencia, sin embargo, no se logró comprobar la veracidad de la fuente y la posibilidad de ocurrencia de una situación catastrófica que culmine en siniestro”, destacó la administración local al medio citado.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades no ha sido sencilla. La comisión enviada a los túneles para verificar la situación fue atacada con seis detonaciones de tatucos, o cilindros bomba, y se informó que los 134 mineros atrapados habían logrado salir antes de la llegada de los socorristas.
La situación se ha complicado aún más con denuncias de que los mineros informales podrían estar siendo utilizados e instrumentalizados por el clan del Golfo, que estarían cobrando cuotas a los locales a cambio de permitir la extracción de oro en los túneles que están a cargo de la compañía china.
La Alcaldía ha destacado también que estas actividades mineras no autorizadas ponen en riesgo tanto a los trabajadores de la empresa como a la población en general. Además, señalaron que la incursión de las autoridades para recuperar los socavones representa un riesgo para mantener el equilibrio entre abordar la minería ilegal, garantizar la seguridad y proteger el medio ambiente.
Y es que, en el incidente más reciente, se le vio a un grupo de mineros informales desviar materiales usados para la minería desde uno de los socavones artesanales hacia una quebrada aledaña, por lo que la Policía intentó verificar la situación, pero fue recibida con disparos por hombres no identificados, lo que deja en evidencia la presencia de un conflicto armado en la región.
Entretanto, la comunidad de Buriticá exige a las autoridades una respuesta efectiva para resolver este conflicto que afecta tanto a la seguridad como al entorno ambiental de la zona. Mientras tanto, la situación sigue siendo tensa y complicada, con preocupaciones crecientes sobre el impacto a largo plazo de la minería ilegal y la violencia en la región.
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