La implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) encendió grandes expectativas en San Juan, donde la minería es considerada un eje estratégico del desarrollo económico. Sin embargo, la “letra chica” de la normativa estaría provocando un cuello de botella que retrasa inversiones clave, particularmente en los proyectos Gualcamayo y Los Azules.
En los últimos días, las propias empresas involucradas levantaron una bandera de alerta, al exponer públicamente las demoras en la aprobación de sus planes. Aunque prevalece el tono optimista, la cautela se impone ante un proceso que avanza con lentitud.
Desde Gualcamayo, el director ejecutivo Ricardo Martínez fue contundente al describir la situación actual del proyecto. Explicó que la iniciativa “está en estudio por el comité evaluador luego de haber presentado un proyecto nuevo”, y enfatizó que no se trata de una mera extensión de la mina existente, sino de una nueva explotación. Detalló que el plan inicial, presentado en noviembre pasado, incluía la explotación de onzas remanentes en las pilas, pero esa parte fue retirada tras no ser autorizada.
En el caso de Los Azules, en cambio, la relación con el gobierno nacional parece ser más fluida. Desde la empresa informaron que el proyecto fue presentado el 11 de febrero y desde entonces mantienen un diálogo constante con las autoridades. “Somos respetuosos de cada uno de los procesos. Recibimos pedidos de ampliación o de mayor detalle respecto al proyecto. El Comité RIGI evalúa la presentación de manera exhaustiva y hemos advertido interés en cada una de las consultas”, expresaron voceros de la compañía, destacando la predisposición del Ejecutivo nacional.
Un debate técnico que ralentiza decisiones
Estas declaraciones coinciden con lo anticipado por referentes provinciales y nacionales. El senador sanjuanino Bruno Olivera había señalado semanas atrás que la principal traba radica en un debate técnico a nivel nacional. La complejidad en el caso de Gualcamayo, indicó, es que no se trata de un proyecto “nuevo” en sentido estricto, sino que busca extender la vida útil de una operación preexistente.
Tras dialogar con José Rolandi, vicejefe de Gabinete, Olivera planteó que la demora se explicaría más por cuestiones administrativas que por un rechazo de fondo: “parece ser un problema más de papeles que deben cumplimentarse”, dijo entonces.
Por su parte, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, también se refirió al estado de situación. Afirmó que ambos proyectos se encuentran en un “proceso de análisis y solicitud de requerimiento por parte de Nación”, aunque señaló que Gualcamayo estaría un poco más avanzado. Perea agregó que, si bien el RIGI contempla la ampliación de capacidad en sectores productivos, en el ámbito minero surge la duda técnica sobre si la extensión de la vida útil de una mina puede ser considerada dentro de ese marco. Esa ambigüedad, explicó, obliga a un análisis minucioso para validar su inclusión.
Mientras tanto, en San Juan crece la expectativa por la resolución de estas trabas, en un contexto donde el desarrollo minero es percibido no sólo como un motor económico, sino también como una señal clave para atraer grandes inversiones a la provincia.
Fuente: Futurosustentable.com
